La decisión del presidente Pedro Castillo de restablecer relaciones a nivel de embajadores con Venezuela y designar para esta responsabilidad a Richard Rojas García, hombre muy cercano y de absoluta confianza de Vladimir Cerrón, genera mucha preocupación por las intenciones que pueden haber detrás de una medida así, y porque implica en la práctica legitimar una dictadura, que es un pésimo mensaje a la comunidad internacional, y de paso le da la espalda a los millones de venezolanos víctimas de un régimen represor que huyeron de su país en los últimos años.
Richard Rojas acababa de ser rechazado por el gobierno de Panamá como embajador en ese país, porque claramente no tiene el perfil ni la experiencia para un cargo así, pero de inmediato Castillo lo colocó en Venezuela, lo que además evidencia que el presidente y su socio Cerrón siguen repartiéndose los cargos y jugando en pared, más allá de su supuesto distanciamiento.
“Nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática [Pero hay persecución política] En el Perú también hay un montón de persecución política como la persecución que estamos viendo contra nosotros, militantes de Perú Libre”.
Richard Rojas, nuevo embajador del Perú en Venezuela
Ser amigo y cómplice de Cerrón es el único mérito de Rojas, que es un técnico de pantallas de televisión con un negocio en la zona de Paruro, en el Centro de Lima, que además tiene deudas con Essalud y la ONP, por aportes de sus empleados que no ha pagado. Se unió a Perú Libre en el 2016, y desde entonces se volvió un incondicional de Vladimir Cerrón, que lo puso como jefe de campaña de Pedro Castillo para que sea sus ojos y oídos durante todo el último proceso electoral.
“Aparte de ser comerciante, también soy estudiante de Derecho. Soy un político”, dijo Rojas en RPP este fin de semana, al ser preguntado sobre su nula experiencia para un cargo como el que ahora ostenta.
Richard Rojas además está investigado por lavado de activos en el caso ‘Los dinámicos del centro’, organización criminal que se enquistó en el gobierno regional de Junín para conseguir dinero de actividades ilícitas, como el cobro de cupo y coimas, para financiar las campañas electorales de Perú Libre, según la fiscalía.
De hecho, el ahora embajador intentó retirar, en julio de este año, S/ 376.930 de una cuenta de ahorros de Vladimir Cerrón. No logró hacerlo por la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera que congeló ese dinero. Quiso retirar el dinero por segunda vez, pero tampoco pudo. Por ello la fiscalía acusa a Rojas de colaborar con el ocultamiento del financiamiento ilegal, porque Cerrón está imposibilitado de acceder a ese dinero de forma directa.
Rojas acaba de cambiar de versión sobre ese tema. En julio pasado, cuando se conoció lo del frustrado retiro, dijo que ese dinero era un préstamo que le iba a hacer Cerrón para su negocio de reparación de televisores, pero este fin de semana aseguró otra cosa, tras conocerse su designación como embajador.
“Eso fue un préstamo que se tiene pensado para hacer una inversión en el local del partido, hay que entender que ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido y teniendo en cuenta que soy el secretario general de Lima, obviamente yo soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque”, dijo.
Carlos Scull, exembajador de Venezuela en Perú, lamentó la decisión del presidente Castillo, porque implica que el gobierno peruano avala la impunidad porque se pone de “lado del opresor” y “no del oprimido”, y remarcó que la crisis en su país no debe abordarse solo desde una perspectiva política, sino como un problema de derechos humanos.
El plan se les puede arruinar
Pero así como se quedó con las ganas de se embajador en Panamá, ahora le puede pasar lo mismo a Richard Rojas. Este lunes, la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó 12 meses de impedimento de salida del país para el ahora embajador ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, por el caso de ‘Los dinámicos del centro’.
Ahora, el referido tribunal debe fijar la fecha de la audiencia en la que evaluará el requerimiento, y de aprobarse, Rojas no podrá viajar a Caracas a reabrir la embajada de Perú y renunciaría a su nombramiento. “No me aferro a ningún cargo”, apuntó.
Pero además el presidente Castillo habría violado la Ley del Servicio Diplomático al designar a Rojas embajador, según el excanciller Luis Gonzáles Posada, pese a que esa norma es amplia y al estar la política exterior a cargo del mandatario, se permiten estas designaciones políticas.
La Ley del Servicio Diplomático es clara al señalar que los embajadores que no son de carrera, que solo puede ser hasta un 20% de las designaciones, deben cumplir una serie de requisitos: ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes penales, además contar con capacidad y conocimiento sobre temas internacionales, así como haber prestado servicios destacados a la nación. Richard Rojas claramento no tiene este perfil.
«Cuando un presidente presenta una candidatura, corresponde filtrarlo al canciller, es su deber hacerlo para determinar si ese nombre cumple con esas disposiciones legales; si no lo cumple evidentemente tiene que decirle al Presidente que no lo puede presentar porque estaría infringiendo una norma”.
Luis Gonzáles Posada, excanciller.
Régimen asesino
Si hay algo que caracteriza a la dictarura de Maduro es la sistemática violación de derechos humanos de sus ciudadanos. Entre el 2014 y el 2010, se han registrado más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela cometidas por sus fuerzas del orden o colectivos chavistas, y más de 15.000 detenciones arbitrarias, según el último reporte de la OEA sobre la crisis humanitaria en ese país.
En este informe además se documentaron 653 casos de tortura y 724 de desaparición forzada entre 2018 y 2019. Además, la violación y la violencia sexual se han convertido en armas del régimen, incluso como método de tortura.
A ello se suma la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento de medicinas y otros productos de primera necesidad, que agravan la crisis humanitaria provocada por el régimen socialista, que implica más de 100,000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa. Según informes de la ONU y organizaciones internacionales, la desnutrición alcanza al 52% de niños y el 24% de embarazadas en Venezuela.