¡Por fin votamos! Se acabaron las elecciones y ahora solo toca tener calma y paciencia para esperar los resultados oficiales al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por el momento, va adelante Pedro Castillo, dado que le lleva una ventaja a Keiko Fujimori de poco menos de 70 mil votos, pero aún ninguno puede cantar victoria. Ahora, nuestra chamba es hacer que los que entren al poder sigan brindando explicaciones sobre sus acciones y asuman las responsabilidades por ellas.
Como hemos venido explicando a lo largo de poco más de un mes, el gran problema de las propuestas de Perú Libre no solo era en el campo económico, sino también en el campo institucional. ¿En un eventual gobierno de Pedro Castillo se respetará la autonomía de las instituciones, hará prevalecer o impulsar la meritocracia que debe primar en el aparato estatal? ¿O las captará para sus propios correligionarios?
Con su discurso de la sindicalización, el clientelismo laboral podría desatarse y repetir los momentos de los años 80, cuando, en el primer gobierno aprista, el Estado fue captado para que este se comporte como una agencia de empleos. En esos años, el Perú tenía un régimen laboral sumamente rígido, donde los sindicatos eran muy fuertes. El Estado tenía más de 1,000 negociaciones colectivas y la estabilidad era absoluta.
En la década del 2010 se inició una reforma que tiene que ver con la meritocracia. Se llamó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). ¿Por qué? Porque desde la década del 2000 se notó que, aunque el país había logrado una de las más altas tasas de crecimiento económico en la región, no contaba con un Estado responsable al gastar, o gastar bien lo que recaudaba; y así, crear un círculo virtuoso de gasto público.
Tanto la recaudación como el presupuesto público tenían una tendencia creciente desde los primeros años de la década del 2000. Sin embargo, varias entidades públicas mantenían una limitada capacidad de gestión, por lo que era complicado proveer con eficacia, eficiencia y transparencia los servicios públicos.
Debido al escenario complejo que presentaba la gestión pública, era necesario establecer acciones y responsabilidades que los integrantes del aparato público tenían que asumir para transformar al Estado y que este deje de ser disfuncional. Este PNMGP tenía ese fin y se basaba en 5 pilares, tal como muestra la siguiente imagen.
El más importante de los 5 pilares es justamente el del Servicio Civil Meritocrático. Las instituciones deben repensar su estructura o rediseñarlas. Es decir, no solo basta con saber su misión o visión, sino también la dotación (tanto de recursos humanos como monetarios) verdadera que requieren. Y para ello deben ser sumamente objetivas. Lamentablemente es un proceso que ha avanzado poco y se ha ido complicando.
Y, repito, es muy importante. Actualmente existen múltiples regímenes, reglas y normativas que generan vínculos con el Estado. Aunque se esté realizando funciones o actividades similares, esos regímenes implican distintos derechos y deberes. A la vez, permite la coexistencia de servidores con diferentes condiciones en cuanto a ingreso (al Estado), estabilidad en el empleo, despido y disciplina. O sea, hay mucha flexibilidad para contratar, pero excesiva rigidez para prescindir del personal inmoral y sumamente ineficiente.
Y eso no puede permitirse. Y es necesario que los ciudadanos exijan la continuidad de las reformas. Según el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), entre el 2000 y el 2011, en promedio, ingresaron anualmente cerca de 40 mil personas a trabajar al Estado. El gasto en personal aumentó cada año en alrededor de S/1,000 millones. Para verlo mejor, chequeemos la gráfica N°1.
En el 2014, el gasto de personal y obligaciones fue de más S/30 mil millones, un incremento del 56% respecto al 2009. Eso no estaría mal si los ciudadanos hubiesen sentido una mejora significativa en los servicios públicos. Por lo menos, el que escribe la nota, no lo sintió. Luego, 7 años después, ¿los servicios públicos mejoraron para que el gasto de personal en el Estado aumente 68% más respecto al 2014? Tampoco se ve y en las regiones menos. Y, a mayo 2021, según Andina, el Estado posee más de 1 millón 400 servidores públicos.
Dado esto, ¿Perú Libre respetará y continuará estas reformas y las muchas actualmente ejecutándose si llega al poder? Recordemos el caso de Venezuela. En el 2003, el presidente Hugo Chávez, como todo gran populista que lucha por la “igualdad” y “justicia social”, mostró su desprecio por la jerarquía del saber y las habilidades que las personas presentaban en la mayor y más importante empresa de Venezuela: Petróleos de Venezuela S.A., más conocida como PDVSA.
Chávez se jactaba de que él mismo salvaba a la empresa de las garras de la meritocracia y ordenó el despido de más de 17,500 personas, que eran las que permitían el buen funcionamiento de la empresa. Hoy en día, aunque la empresa perdió casi el 80% de su capacidad para producir petróleo, en el 2017 su planilla de trabajadores era de alrededor de 150,000 empleados.
Y este es el tema. Los países salen del subdesarrollo con un Estado capaz, que tenga capacidades de atraer a los mejores talentos para que brinden servicios de calidad y generar condiciones para que el desarrollo ocurra. Al mismo tiempo, que sea en función al mérito, la profesionalización, la capacidad técnica y flexibilidad, referido a contar con un servicio más adaptable, el que permita ascender en el servicio al Estado. Un Estado disminuido por su ineficiencia nunca nos ayudará a enrumbarnos al desarrollo.