Casi nunca se ponen de acuerdo para aprobar los cambios que el país necesita, pero sí para traerse abajo los pocos avances que se han conseguido en los últimos años. Sí, el Congreso y el Ejecutivo le dan la espalda a la reforma universitaria. El martes último, cuando el país estaba que se comía las uñas con el partido de la selección ante Ecuador, el pleno del Legislativo aprobó una ley que debilita a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La norma, aprobada en primera votación, cambia la conformación de los miembros de su consejo directivo de la Sunedu, para que las universidades públicas y privadas coloquen a sus representantes. Es decir, para que sean juez y parte. La segunda votación debe ser dentro de siete días, para lo cual la representación nacional amplió la legislatura al 28 de febrero.
La iniciativa se aprobó con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular (24) y Renovación Popular (9) votaron a favor en bloque. En tanto, Perú Democrático (3), Juntos por el Perú (4) y no agrupados (3) votaron en contra. La bancada oficialista, Perú Libre, votó mayoritariamente a favor (27), un grupo menor en contra (7) y hubo una abstención.
En tanto, el nuevo premier, Héctor Valer, muy cuestionado por las graves denuncias de violencia familiar en su contra, adelantó que el gobierno no observará la norma, pese a que el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, se comprometió a defender la reforma universitaria, al señalar que el rol fiscalizador de la Sunedu al indicar que no se contrapone a la autonomía universitaria.
“No (vamos a observar la ley). Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión; esa comisión la debatió y luego pasó al Pleno del Congreso”, dijo el también congresista Valer. En tanto, el ministro Serna no se ha pronunciado para conocer su postura frente al anuncio del jefe del gabinete.
¿Qué cambia la cuestionada norma?
La ley modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que hoy lo integran siete miembros:
- El superintendente, designado vía resolución suprema a propuesta del ministro de Educación.
- Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
- Cinco miembros de la comunidad univesitaria, seleccionados mediante concurso público, dos de universidades públicas y un tercero de universidades privadas. Acá hay importante resaltar que estas personas no son representantes de las universidades, son profesionales independientes.
- Los otros dos miembros son personalidades, con grados de doctor o maestro y con trayectoria profesional.
Lo que pretende la ley en cuestión aprobada en el Congreso es las universidades públicas coloquen dos de sus representantes en el consejo directivo y uno más por parte de las privadas. Completarían el consejo directivo un representante de Concytec, otro de Sineace, otro del Ministerio de Educación y otro del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Y que el superintendente (o sea el jefe de la Sunedu) ya no sea designado por el ministro, sino que sea elegido entre los miembros del consejo.
¿Cuál es el riesgo? Que con este esquema, los tres representantes de las universidades podrían capturar a otras representaciones, como la del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, por ejemplo, y hacer mayoría para elegir al superintendente y tomar el control de la Sunedu.
Así, el ente encargado de la supervisión de la calidad educativa en las universidades sería juez y parte, que en la práctica sería volver al sistema corrupto de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que permitió la proliferación de universidades bambas solo un fines lucrativos, sin ningún tipo de calidad en la enseñanza.
Es, a todas luces, un retroceso en lo avanzado por la reforma que creó la Sunedu, cuyo trabajo permitió que medio centenar de universidades no lograran licenciarse. Hasta la fecha, hay 95 universidades que han logrado acreditar las condiciones básicas de calidad educativa para brindar el servicio universitario que exige la Ley Universitaria.
El titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, dijo en El Comercio que la aprobación de la cuestionada norma “obedece más a razones políticas y a un poder económico detrás, fundamentalmente de universidades denegadas”. “Sería un retroceso para que las universidades puedan seguir funcionando como quieran. Aguardo a que en la segunda votación el proyecto regrese a comisión”, agregó.
La Defensoría del Pueblo (DP) no descartó acudir al Tribunal Constitucional (TC) si el Congreso ratifica la ley en segunda votación y el Ejecutivo no la observa. “De ser el caso, la Defensoría debería optar por ese camino para que se corrija la situación dentro del marco de la Constitución. Se va a defender la calidad de la educación universitaria con todas las herramientas que brinda la Constitución”, dijo la adjunta para la Administración Estatal de la DP, Alicia Abanto.