Otra vez en el Congreso se impulsa una ley de publicidad estatal que, de aprobarse en el pleno, limitaría el acceso a la información y fomentaría el clientelismo político. Es una medida tan peligrosa como la llamada ‘Ley Mulder’, que fue declarada ilegal. Y ojo con estos legisladores que son los que están detrás de la norma: Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular), Eduardo Acate Coronel (APP), José Luna (Podemos) y Daniel Oseda (Frepap).
La Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el legislador Carlos Simeón, aprobó el martes último un predictamen que pretende exigir a las entidades estatales que prioricen la contratación de medios de comunicación (radio, tv, prensa, portales digitales, etc) privados locales, provinciales o regionales, con no menos del 50% de la publicidad estatal. Y lo hicieron sin mayor debate y sin tomar en cuenta las observaciones de todos miembros del grupo de trabajo.
¿Por qué es peligrosa esta medida? No hay un criterio objetivo para enfocar la publicidad estatal, como el alcance y la sintonía que tenga un medio, que son dos indicadores medibles. ¿Y qué pasa si un medio de comunicación pone contenido local que nadie ve solo para recibir publicidad del Estado? Pues las campañas de comunicación estatales serán un fracaso.
“No puede haber cuotas, se tienen que seguir criterios técnicos. Es importante la participación de centrales de medios, entidades técnicas con conocimiento y experiencia para aportar al estado y brindarles la forma en que ellos van a distribuir la inversión publicitaria en distintas plataformas”
Jorge Baca, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). Fuente: Canal N.
El tema es grave, porque en un contexto de crisis por la pandemia, el gobierno necesita comunicar las medidas que viene tomando. Por ejemplo, cuando se empiece a distribuir la vacuna para la Covid-19 y se quiera difundir la campaña de vacunación, se corre el riesgo de que la publicidad estatal no llegue a todos lo que necesitan tener esa información.
“La publicidad tiene que ser para el medio que ayude a la difusión de la información del Estado. Y esta ley hace exactamente lo opuesto y dice que tiene que garantizar el 50% de publicidad para los medios locales y sin ningún sustento”.
Andrés Calderón, abogado experto en libertad de expresión. Fuente: La República
La medida también alentaría el clientelismo político, más aún ahora que arranca la campaña electoral para las elecciones de abril del 2021, porque la publicidad estatal podría servir de moneda de cambio para favorecer a determinados partidos o candidatos.
¿Qué puede pasar? Que si la ley se aprueba en el pleno del congreso, el tema termine en el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la llamada ‘Ley Mulder’.