Con 15 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este lunes el informe de calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería) por el ‘vacunagate‘.
Este es el primero de los siete pasos en el camino hacia la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Vizcarra Mazzetti y Astete, luego de su vacunación en secreto contra el coronavirus (COVID-19), fuera del ensayo clínico de Sinopharm.
En el caso del vacado expresidente, este es acusado de infringir hasta nueve artículos de la Constitución; mientras que Mazzetti y Astete habrían vulnerado cinco artículos. A los tres también se les atribuye delitos penales
Por ello el informe será dividido en dos, para diferenciar el antejuicio político del juicio político, y se hará llegar lo antes posible a cada uno de los integrantes de la subcomisión para que firmen el documento y sea enviado de inmediato a la Comisión Permanente.
Sí todo marcha bien, el proceso de inhabilitación podría culminar dentro de un mes y medio, según estimaciones de la misma subcomisión, que dirige el legislador Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), aunque la actual titular del legislativo, Mirtha Vásquez, calcula que podrían ser tres meses.
Si la Comisión Permanente ratifica la procedencia de las denuncias constitucionales, este grupo tendrá que designar al congresista encargado de llevar a cabo la investigación.
Luego vienen otros pasos previos antes de que todo llegue al pleno del Congreso, donde finalmente se debe aprobar la inhabilitación para el ejercicio de cualquier función público, incluyendo el cargo de congresista.
De hecho, Vizcarra tendrá la oportunidad de ejercer su defensa hasta en tres momentos distintos: en la subcomisión, la Comisión Permanente y ante el pleno.
Los escenarios
Así, se abren dos posibles escenarios en el caso de Vizcarra, que es el único de los altos funcionarios con derecho a antejuicio político implicados en el escándalo del ‘vacunagate’ que postula a un cargo público de elección popular:
- La pretensión de Vizcarra de llegar al Congreso se frustra por una eventual exclusión de oficio por parte de la JNE antes de la votación del 11 de abril (esto parece más improbable, dado la ‘ayudita’ que el máximo ente electoral le dio al hoy candidato de Somos Perú)
- En caso de que resulte elegido, Vizcarra podría ser impedido de recibir la credencial como congresista, porque el Congreso aprobó su inhabilitación luego de las elecciones.
Las investigaciones de la comisión especial del Congreso y las indagaciones que realiza el Ministerio Público, que avanzan en paralelo, también podrían podrían ser tomadas en cuenta sobre la marcha por la subcomisión.
Si Vizcarra no logra la inmunidad que implica el cargo de congresista al que postula, tendrá que responder a la justicia, no solo por los graves graves cargos de corrupción por los que fue vacado de la presidencia, sino también por los delitos penales que la fiscalía le atribuye de manera preliminar, que son concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, que dan entre dos y ocho años de cárel.
Pero hay expertos que también ven otros tipos penales, como colusión, peculado y cohecho agravado, que implican entre cinco y ocho años de cárcel. Sea como fuere, todo hace indicar que a Vizcarra y a otros implicados en el ‘vacunagate’ les espera una temporada tras las rejas, si es que la justicia hace bien su trabajo, claro está.
