Como ya se hecho costumbre en este gobierno, el Ministerio de Transportes (MTC) y la Sutrán han pactado a espaldas del país –y en secreto– una serie de beneficios para los colectiveros informales, entre los que figuran “regularizar” sanciones y bajar la valla para la obtención de brevetes.
Esto es un abierto boicot del gobierno a la reforma del transporte que busca evitar que sigan muriendo en las carreteras del país tres mil personas al año por choques y accidentes, la mayoría provocados por transportistas que operan al margen de la ley y las normas de tránsito.
Este hecho no se hubiera conocido si no fuera por los audios y documentos filtrados de las reuniones entre funcionarios del MTC, con el ministro Juan Silva a la cabeza, y de la Sutran, entidad a cargo de fiscalizar que se cumplan las normas de transporte y tránsito terrestre, con diferencias gremios de transportistas.
Lo que informó el MTC el 7 de noviembre último fue de una reunión del día anterior con empresarios del transporte de carga formal, en la que se acordó “la reactivación del Fondo de Estabilización del Precio de Combustible para el diésel (…) y la revisión de peajes”, según una nota de prensa difundida por el portal institucional del sector.
Pero lo que no dijo el despacho del ministro Silva fue que ese 6 de noviembre también hubo una reunión, secreta y que se extendió hasta la madrugada del día siguiente, en la que participaron tres gremios más importantes de taxis colectivos, una actividad actualmente prohibida por la Ley General de Transportes, reveló El Comercio.
¿Qué se pacto ahí? Fueron tres acuerdos básicamente, todos contrarios a la reforma del transporte y a los pocos avances logrados en este sector en los últimos años:
- Eliminar el examen de conocimientos para la segunda revalidación de las licencias de conducir profesionales (AII y AIII) en choferes de más de 55 años.
- Prorrogar la vigencia de las licencias de conducir, vencida incluso desde antes del inicio de la pandemia, hasta junio del 2022.
- Poner en agenda la formalización del taxi colectivo y “regularizar las sanciones” que estas unidades han recibido.
Sobre este último punto, el acta del acuerdo secreto señala que el “MTC, en coordinación con la Sutrán, evaluará la aprobación de un programa de regularización de sanciones que comprendan aquellas que no constituyan conductas delictivas y que no tengan incidencia en la seguridad vial”. Dicho de otra forma, el gobierno planearía condonar las deudas por multas a choferes infractores.
Esto se suma a lo que ya el ministro Silva había acordado: una amnistía de papeletas con empresas de combis y buses que deben S/53 millones en multas.
Es decir, este gobierno planea premiar a los que infringen las leyes y las normas a diario, y castigar a los formales, personas y empresas, subiendo los impuestos para financiar medidas populistas como esta. El mundo al revés.
La cereza del pastel
Por si fuera poco, le nueva jefa de la Sutran que nombró el ministro Juan Silva es Doris Alzamora Chamorro, una abogada que registra tres denuncias por robo, reveló América Noticias, que detalló que la flamante funcionaria fue intervenida en el 2013, 2016 y 2019 por sustraer diferentes productos de supermercados, desde leche hasta artículos de escritorio, como consta en ocurrencias policiales de comisarías en San Borja, Miraflores y Surco.
Alzamora consideró que estos hechos son “una confusión”, y que por ello no consideró necesario informar de estas denuncias. “No (soy tendera), imagínese, soy una profesional que tiene una trayectoria en su carrera”, alegó, pero lo cierto es que sí fue intervenida en su poder con los productos que sustrajo de las tiendas. “Esto no constituye para nada un delito, es una falta”, justificó.