El acceso al agua y al saneamiento es un derecho universal, pero hasta la fecha, no existe poder humano (ni Estado o gobierno) que lo haya podido convertir en un hecho: hay 1,100 millones de personas alrededor del mundo sin acceso directo a estos servicios. Y en el Perú son 4 millones de personas en esa condición y 11 millones que no tienen alcantarillado.
¿Cómo se puede vivir sin agua, se preguntarán algunos que sí tenemos ese privilegio? Es una realidad para muchas familias que viven en zonas altas de la periferia urbana y en zonas rurales. Son personas que gastan en promedio 14 horas el mes en conseguirla y pagan hasta 10 veces más de lo que cuesta en donde sí hay conexiones. La crisis sanitaria agravó el drama de estas personas, que además de todas sus carencias, tampoco pueden cumplir con las mínimas condiciones de higiene para prevenir los contagios.
Esto una paradoja también. El Perú tiene 159 cuencas hidrográficas, estamos entre los 20 países más ricos en agua del mundo, pero eso no significa que esté disponible. ¿Cuál es el problema entonces? Pasa por la gestión del recurso y la inversión que se requiere para las obras de saneamiento en las zonas sin redes ni conexiones.
La gente con acceso al agua además la usa mal. En Lima, por ejemplo, se utilizan 200 litros de agua por habitante al día, cuando el promedio en Europa es de entre 120 y 149 litros, que sigue siendo alto, porque la OMS estima que cada habitante debería usar (para beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) 50 litros de agua diarios, y si sumamos las actividades agrícolas e industriales, el consumo por habitante no debería superar los 100 litros de agua.
El otro problema es que para tender una red de agua y desagüe se requiere una inversión grande que el Estado no puede cubrir en muchos casos, reconoce Eduardo Ísmodes, expresidente de Sedapal. «Como consecuencia, hay gente que vive muy mal, con el agua muy costosa, con un pésimo saneamiento, que hace que se enferman o incluso mueran por ello», dice, al remarcar que es una obligación de quienes están o han estado en posiciones de poder mejorar esta situación, preocuparse de verdad por este tema.
En Pamplona alta, a unos pocos kilómetros del Centro de Lima, la asociación de vecinos cotizó con una empresa privada la instalación de conexiones de agua en las 156 viviendas que hay, pero esto le costaría 5 mil soles a cada familia, la mayoría de escasos recursos. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿No se supone que el Estado debe garantizar este servicio básico para vivir con dignidad?
“El problema con la mala gestión del agua potable del Estado es que los que terminan pagando más son los que menos tienen”, comenta José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. “Entonces, no se trata solo de subir los precios, o controlar los precios, si no de arreglar el sistema para sea más eficiente”, agrega.
¿Qué hacer entonces?
Esa es la gran pregunta que debemos hacer a nuestras autoridades y ahora que vienen las elecciones, a los candidatos que seguro van a prometer soluciones mágicas. Pero ¿cómo lograr realmente que estas familias puedan tener acceso a agua potable de forma segura y oportuna?
En el Perú, hay 50 empresas municipales prestadores de servicio de saneamiento (EPS) que están a cargo de la gestión del recurso (captan, tratan y distribuyen el agua) para consumo humano e industrial. En Lima lo hace Sedapal. Pero en casi todos casos, tienen una gestión deficiente, por decir lo menos. Muchos hogares del país reciben el agua, que se supone potable, con niveles de cloro, arsénico o nitrato por encima de los permitidos, lo que pone en riesgo la salud de las personas. Y el servicio tampoco es constante. El 30% de hogares tiene agua solo 20 horas al día.
La Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) es la entidad pública que supervisa a estas EPS y según sus metas, para el 2021 (ahorita) se debería lograr el acceso universal al agua en zonas urbanas y para el 2030 en las zonas rurales. Estamos lejos de esos objetivos, y lo que es peor, parece que aún el Estado no tiene claro cómo lograrlo.
Las EPS se financian en mayor parte de la facturación de sus servicios y en menor medida por los subsidios del Estado, pero sus tarifas no cubren sus costos. Por ejemplo, en el caso de Sepadal, lo que pagan los usuarios domésticos es 24% menor al costo de producción. Por ello, casi la mitad (47%) de estas empresas municipales están quebradas o no son sostenibles, según la Sunnas. Las consecuencias de esta situación las pagan miles de familias como las que viven en Pamplona.
El papel del sector privado
Muchos expertos sostienen que la solución pasa por incluir al sector privado en la gestión del agua. Es un tema polémico, porque se ha satanizado la inversión privada en el país, y en este caso particular, las voces contrarias señalan que el agua es un bien público que no se puede privatizar. Pero hay que desmentir ciertos argumentos en estos discursos: i) las EPS ya contratan empresas privadas para captar, tratar y distribuir agua; ii) en Sedapal, más del 60% de sus proveedores son empresas privadas; iii) y una cosa es privatizar el agua, y otra su gestión.
Así que no se trata de privatizar el agua, lo cual es imposible e inaceptable; se trata de mejorar la gestión del servicio con la participación del sector privado. Y donde ya lo hace, los indicadores de calidad y oportunidad son mucho mejores. ¿Qué cambios se deben implementar entonces? Los especialistas consultados para este informe coinciden en cuatro ejes claves:
1) Una política pública clara y de largo plazo, porque las gestiones de corto plaza suelen estar marcadas por el clientelismo, la corrupción y la ineficiencia; para ello las EPS no pueden ser entidades que dependan de las municipalidades.
2) Hay que adecuar la regulación a la realidad, porque el agua que más se desperdicia es la del consumo agrícola y humano. Hoy las tarifas están calculadas para cobrarle más al que gasta menos, cuando debe ser al revés.
3) Reducir la burocracia en la gestión del agua. Por un lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) necesita más facultades y competencias para regular; la Sunnas para supervisar, y los demás actores para ejecutar la inversión de manera eficiente.
4) Promover las asociaciones público- privadas (APP) en lugar de subsidios que luego no se focalizan bien o simplemente se pierden por gestiones políticas y populistas.
Como en muchos otros casos, la empresa privada y el Estado tienen en este tema la oportunidad de trabajar juntos y establecer una relación de confianza. No hacerlo, implica que miles de familias peruanas sigan sin tener acceso al agua. Por ello, en estas elecciones, elige a aquellos candidatos que ofrezcan soluciones viables para problemas reales. Que no te floreen.