El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que pretende sancionar con hasta cuatro años de cárcel a los jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos que entreguen, faciliten o filtren información sobre casos penales que están en etapa de investigación en el Ministerio Público.
El ministro de Justicia, Felix Chero, sostuvo que esta medida «tiene como propósito defender la investigación reservada». Agregó que «para nada va a generar que los medios de comunicación y los hombres y mujeres de prensa no puedan tener acceso a sus fuentes de información».
Lo realmente preocupante es que la iniciativa del Ejecutivo viene siendo impulsada en medio de las investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo y a su entorno por presuntamente liderar una organización criminal para direccionar obras públicas. Varios de estos casos han sido revelados a través de denuncias periodísticas.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), la Federación de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Colegio de Periodistas del Perú, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Proética han alertado que la propuesta del Ejecutivo es una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.
“Como es evidente… el señor Castillo Terrones quiere impedir, a toda costa, que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata, las declaraciones del señor Zamir Villaverde y las imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, y actual prófugo de la justicia peruana”, señaló la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.
“Si bien es cierto, se habla de penalizar a los funcionarios que faciliten o entreguen la información, no existe garantía alguna que el periodista, representante o directivo de un medio de comunicación, no vaya a ser procesado o perseguido punitivamente por informar de estos hechos a la ciudadanía”, agregó el gremio.
A su turno la ANP expresó su preocupación por la ruta que seguirá esta medida, «al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya en febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz».
Para la aprobación de este proyecto, el oficialismo necesita 66 votos, pero no los tiene.