A poco de la asunción de mando de Pedro Castillo, este y su partido dan señales claras de lo que buscarán hacer. La designación de Guido Bellido como premier e, incluso, el anunciado proyecto de reforma constitucional desde el Congreso para convocar a una Asamblea Constituyente, son muestras de la estrategia que Perú Libre quiere usar -dentro del marco de la “legalidad”-, para forzar la disolución del Parlamento y dar rienda suelta a sus planes.
Recordemos que la Constitución vigente establece que el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo (Art. 133), y a su vez que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros (Art. 134).
Entonces, sea por la negación del voto de investidura al gabinete Bellido, o por la no aprobación de alguna reforma que presente el Ejecutivo bajo una cuestión de confianza -al estilo de Martín Vizcarra-, el nuevo gobierno buscaría continuamente acorralar al Congreso para conseguir su cierre.
En esa línea, el Congreso tiene dos opciones: ser estratégico y dar la confianza al gabinete de la improvisación para evitar ser disuelto, o vacar a Castillo bajo alguna de las causales previstas por la propia Constitución (Art. 113). Por lo visto en estos pocos días de gobierno (designaciones cuestionadas, falta de transparencia en los primeros días de gestión, violación de normas y protocolos, entre otros) se podría alegar la incapacidad moral.
Sin embargo, para que proceda el segundo camino se requiere de 87 votos, de acuerdo al Reglamento del Congreso. Asumiendo la alineación política de los congresistas electos y sus fuerzas partidarias, sería necesario que la bancada del Partido Morado-Somos Perú se adhiera a la oposición para alcanzar los votos necesarios.
Gracias a precedentes como la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso, o la validación del uso a mansalva de cuestiones de confianza por parte de Vizcarra, el equilibrio de poderes se ha “desequilibrado”, acorralando al Legislativo. Sabiendo esto, el binomio Castillo-Cerrón podría buscar disolver el Congreso.
El Legislativo deberá actuar inteligentemente para evitar su cierre y poner un freno a un proyecto radical y autoritario que, todo apunta, se abre paso en nuestro país. De otro modo, estará en cancha del Tribunal Constitucional precisar la cuestión de confianza y cerrar la caja de Pandora que abrió tras el cierre del Parlamento en el 2019.