El fin de semana murió, en su celda de la base naval del Callao, a un día de cumplirse 30 años de su captura, el mayor genocida de la historia del Perú: Abimael Guzmán Reynoso, fundador y cabecilla de Sendero Luminoso, la organización terrorista que desató un baño de sangre en el Perú durante dos décadas (1980-2000), sobre todo en el interior del país, donde perpetró matanzas y masacres como la de Lucanamarca (1983, Ayacucho) y Soras (1984, Ayacucho).
Hoy, su cadáver es materia de una disputa producto de la desidia y negligencia del Estado para prever una situación como la que ahora enfrentan, porque no hay una norma sobre la disposición de los cadáveres de los miembros de la cúpula terrorista. Ahora el cuerpo de Guzmán -que falleció a los 86 años producto de una neumonía- lo reclama su pareja, Elena Iparraguirre, otra sanguinaria terrorista que cumple cadena perpetua.
Pero ya el Poder Judicial declaró inadmisible el pedido de Iparraguirre, que planteó un hábeas corpus a través de su abogado Alfredo Crespo -dirigente del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso-, para que el cadáver del genocida sea entregado a otra terrorista, Iris Yolanda Quiñonez, ‘camarada Bertha’, quien purgó condena por el asesinato del coronel PNP Manuel Tumba, según consta en los documentos de la Comisión de la Vedad y Reconciliación (CVR).
Para más señas, Tumba fue el policía que propuso vestir a Guzmán con el traje a rayas y presentarlo enjaulado tras su captura, en 1992. Por ello, ‘Bertha’ planeó su asesinato.
El gobierno se lava las manos
En medio de este vacío legal, el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido -un abierto simpatizante de Sendero Luminoso, por lo que la fiscalía lo investiga por apología al terrorismo- se han pronunciado en público con contundencia sobre la muerte del genocida y sus repercusiones para el país, salvo un tuit del mandatario en el que dice que “nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable”, aunque en los hechos demuestre lo contrario.
Ante la falta de una postura clara de Castillo, el Despacho Presidencial dijo que no le corresponde al gobierno del profesor cajamarquino decidir cuál será el destino del cadáver del terrorista, mientras que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que el Ministerio Público debe definir la disposición del cuerpo de Guzmán en base a las normas y el riesgo para el orden público que significaría un entierro que permita que se haga apología al terrorismo.
En un comunicado, la fiscalía indicó que decidirá conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal, “las que establecen que los restos deberán ser entregado a los familiares directos debidamente acreditados”.
Pero lo cierto es que varios expertos señalan que, dada la situación y ante la ausencia de una norma específica, el presidente Castillo podría tomar la iniciativa y emitir un decreto o una resolución suprema, señaló el abogado César Nakazaki, quien precisó que el jefe de Estado, en estas circunstancias, puede invocar el estado de necesidad para no entregar el cuerpo.
De hecho, Castillo se puede amparar en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que está referido a los deberes del Estado, apuntó el constitucionalista Víctor García Toma, al explicar que el presidente -como máxima autoridad del país- tiene el deber de impedir un culto terrorista al cadáver que afecte el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana.
Pero en lugar de evaluar este tema con su Consejo de Ministros, para definir un protocolo de manejo del cadáver a través de un decreto, Castillo prefirió irse a Cajamarca, donde se quedará hasta este martes. “No podemos seguir en estos dimes y diretes. Que tenemos ideología senderista: falso, totalmente falso. Somos campesinos, maestros y ronderos”, dijo.
Para que ese discurso de Castillo tenga algo de legitimidad podría empezar a apartar de su entorno y del gobierno a cualquier personaje involucrado directa o indirectamente con el terrorismo y a los organismos políticos de fachada de Sendero, como el Movadef o el Fenate. Pero vemos que hace todo lo contrario. A unos los mantiene en el gabinete y a los otros los pasea por Palacio y los legaliza.