En octubre del año pasado, el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 008-2019 para impulsar las 867 obras públicas paralizadas por un monto de 16,870 millones de soles identificados por la Contraloría General de la República (CGR).
Se buscaba con el DU, que se permitiera que resolver los contratos o se modificaran las condiciones de estos para darle viabilidad a las obras públicas con más de 3 meses sin ejecución física. Sin embargo, ya se acerca la fecha de vencimiento de la vigencia de este decreto y los resultados no son buenos.
Al cierre del tercer trimestre de este año, la inversión pública ha caído un tercio (32 %) respecto al mismo periodo del 2019; también la ejecución del presupuesto para este fin es de 27%, mientras que el año pasado alcanzaba ya el 40% para estas fechas, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por esta razón, con una crisis económica a cuestas, es importante plantearnos cómo revertir esta situación para impulsar la inversión pública, la cual es clave para el crecimiento, el empleo y el cierre de brechas de servicios e infraestructura.
Los especialistas consultados coinciden en señalar que la implementación de herramientas modernas de gestión como el Project Management Office (PMO), son la clave para lograrlo.
«Estas medidas permitirían generar economías de escala reduciendo los costos al articular los distintos proyectos y los órganos ejecutores involucrados«, declararon voceros del Instituto Peruano de Economía (IPE). Asimismo, mencionan que esta medida permitiría la ejecución de obras en conjunto por lo que reduciría la “atomización” de los proyectos a cargo de los gobiernos subnacionales.
De acuerdo al IPE, implementar los PMO’s también es positivo porque, al incluir la contratación de asistencia técnica especializada, permite que se mantengan altos estándares en la gestión de los proyectos, asegurando su culminación y buen manejo de los recursos. Para esto también es clave una correcta priorización de los proyectos, desarrollar un marco normativo adecuado y contratar personal competente.
De acuerdo al congresista César Combina, quien presentó en marzo de este año una propuesta de control concurrente de la CGR para el destrabe de obras —la cual que no llegó a aprobarse—, declaró que «se necesita crear un equipo especializado, pequeño y que cobre por cada proyecto destrabado sin ganar un sueldo fijo.»
También señaló como fundamental agrupar las unidades ejecutoras de las obras paralizadas para facilitar el trabajo del equipo encargado. Finalmente agregó que, para evitar paralizaciones futuras, se necesita un sistema de verificación de las cartas fianza. Este sistema permitiría que el Estado tenga la seguridad de que, en caso la obra no sigua los plazos establecidos, se ejecute la carta y se pueda adjudicar rápidamente.