Mientras el presidente Pedro Castillo ataca al Congreso y lo acusa de no tomar medidas y de no investigar el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, en busca de eludir sus propias responsabilidades, el Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP) alertó que ni la empresa española ni las entidades del Estado competentes actuaron como correspondía ante un desastre ambiental como el sucedido el 15 de enero pasado.
Más de 10 días después del vertido de casi 6 mil barriles de crudo en el mar, que ha provocado la muerte de fauna marina y contaminación en una veintena de playas, la actitud y las acciones de Repsol para remediar el inmenso daño que causó no solo han sido insuficientes, sino también cuestionables.
Incluso ahora se ha detectado un nuevo derrame de menor magnitud, la empresa ha tratado de minimizarlo, al señalar que se trata de un “afloramiento controlado de remanentes” del vertido inicial de petróleo y que este incidente está controlado.
En tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Marina y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osignermin) reportaron este nuevo derrame el 25 de enero último, pero este ocurrió un día antes, según testigos.
Lo que no se hizo
En cuanto a la respuesta de Repsol frente al desastre que provocó, los expertos del IPIGP señalan que la petrolera española debió comprometer desde el primer momento la participación de empresas transnacionales especializadas en remediación de derrames de crudo, para “aislar la capa flotante de petróleo y controlar la invasión de las playas”.
Precisamente, aquí explicamos cuáles eran los equipos y la tecnología que se debieron usar desde el primer momento para mitigar el daño ambiental.
“Es difícil entender cómo una empresa transnacional como Repsol no haya actuado con la prontitud que se recomienda para hacer frente a la remediación de este tipo de accidentes comunes en muchas regiones petroleras del mundo”.
Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP)
En cuanto a la negligencia de las autoridades gubernamentales competentes, el IPIGP advierte la ausencia de personal técnico calificado para afrontar este tipo de desastres, sobre todo en los ministerios de Energía y Minas y Medio Ambiente, que están precisamente a cargo de dos ministros muy cuestionados porque no tienen el perfil idóneo para esos cargos.
Según el IPIGP, los incidentes y los riesgos relacionados con las actividades petroleras son difíciles de controlar, por ello lo importante son las acciones de seguridad y de prevención que deben tener las empresas que se dedican a este rubro. “Luego la remediación que se debe de planificar y cumplir de inmediato para lograr que los daños que se presenten sean los menos posibles”, añadió el gremio.
Además, al margen de las investigaciones en curso para establecer las responsabilidades civiles, administrativas y penales del caso, Repsol debe hacerse cargo de pagar por todos los daños que ha causado por la actividad riesgosa que realiza, incluida las indemnizaciones a los pescadores perjudicados.
IPIGP también advirtió que la tragedia ambiental de Ventanilla puede ser usado políticamente y “tergiversado tendenciosamente por grupos de interés anti inversión o anti petróleo”, con el objetivo de desalentar o dificultar las inversiones en exploración y producción de petróleo y gas.
Ya la Sociedad Peruana de Hidrocaburos (SPH) había señalado que lo sucedido en refinería La Pampilla es un duro golpe para industria petrolera y para las posibilidades de explorar el mar peruano.