El modelo económico peruano plantea que la sostenibilidad fiscal es un aspecto fundamental. Desde 1999 se aprobó regulaciones para limitar los gastos del Estado a sus posibilidades, y se ha venido sofisticando esta legislación. El Decreto Legislativo 1276 es actualmente la ley que regula este punto. Entre otras reglas fiscales, las principales son: 1) el déficit fiscal debe ser menor que 1% del PBI, y 2) la deuda debe ser menor a 30% del PBI. Existen excepciones para su cumplimiento.
Lamentablemente esta regulación no posee sanciones y existe siempre la posibilidad de pedir la aprobación del congreso para incumplirlas. Es por este motivo es que esta regla se viene incumpliendo ya desde hace varios años. Lejos de lo que nos dicen ahora quienes buscan utilizar los ahorros del sector público (que se han reducido en 20% en el 2020) para seguir gastando, la realidad es que no tenemos un superávit desde el 2013, y venimos incumpliendo la meta del 1% desde el 2015.

¿Por qué es esto importante? El problema es que los déficits fiscales generan aumento de la deuda pública. Desde el 2014, la deuda pública no ha parado de crecer; al 2020 ha aumentado en 13 puntos porcentuales (pps) respecto a ese año. El aumento de la deuda incrementa el pago de intereses y hace que menos gasto pueda dedicarse a las actividades del Estado. Este pago de intereses ha subido de 0.8% a 2.0% desde que empezó a subir la deuda pública.
El Perú no puede gastar más de lo que le ingresa todos los años. Es cierto que el principio general que debe orientar a la política fiscal es acumular de superávit fiscales en los tiempos de vacas gordas y la de gastar más en períodos de crisis; sin embargo, en el periodo 2015-2019 no realizamos la reforma tributaria y la presión fiscal cayó mientras el gasto se mantuvo y la deuda siguió creciendo.
Es fundamental por lo tanto hacer un ajuste importante de los gastos no prioritarios hasta que la presión fiscal pueda aumentarse a través de una verdadera reforma tributaria; ya que el 80% de la recaudación proviene del 20% de la economía, esta reforma tiene que pasar por una reducción drástica de la informalidad. Las soluciones de aumento de gasto público para reactivar la economía son cortoplacistas; no podemos hipotecar el futuro del país a través de medidas que destruyen valor en vez de crearlo. Y los únicos que crean valor y riqueza en una economía es el sector privado.