Primero fue la Contraloría, luego la Defensoría del Pueblo y ahora Servir se suma a las voces que cuestionan la ‘repartija’ de cargos que el gobierno de Pedro Castillo viene haciendo en puestos claves del Ejecutivo, empezando por los propios ministros, y otros personajes cuestionados, poco calificados y encima con graves denuncias y antecedentes a cuestas, aunque tienen un denominador común: son militantes o cercanos a Perú Libre.
El único que no se da cuenta o no quiere verlo es el premier Guido Bellido, quien culpó a la prensa -que ha destapado primeros casos de designaciones indebidas, algunas de las cuales ya se han dejado sin efecto- de «generar caos e inestabilidad a la economía”.
Pero lo cierto es que el “caos e inestabilidad” empezaron con su designación como jefe de gabinete y la de algunos otros ministros, como lo alertó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en una carta dirigida al presidente Castillo en la que cual lo exhortó a reevaluar las designaciones del equipo ministerial.
Gutiérrez agregó que si bien el jefe del Estado tiene la facultad para elegir a sus ministros, también “está obligado” a realizar un filtro o “un matiz” que tome en cuenta tres principios básicos: lucha contra la corrupción, garantía de los derechos humanos y deber de combate al terrorismo.
“Aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, homofóbico y que está en contra de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales, públicas, no las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado”, dijo Gutiérrez en una conferencia, en clara alusión a Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo.
Pero luego esos ministros cuestionados empezaron a nombrar en sus sectores a otros personajes también de dudosa reputación y sin la experiencia ni el perfil adecuados para las funciones que cumplirán. Los casos más escandalosos se detectaron en el MTC, pero también en Vivienda y en la PCM, donde Bellido nombró a Braulio Grajeda viceministro de gobernanza y gestión territorial. Grajeda es un excandidato al Congreso de Perú Libre, y además fue abogado del jefe de partido, Vladimir Cerrón, y se encargó de “recaudar” fondos para pagar la reparación civil de su defendido.
Por ello, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) también le pidió al gobierno de Castillo mejorar sus nombramientos en puestos de confianza. “Es necesario que las entidades que decidan incorporar a nuevo personal de confianza permitido por la ley (sin concurso público de méritos) verifiquen que exista un cargo no ocupado, que cumpla con el límite de cargos de confianza y que cumpla con los requisitos dispuestos para el cargo”, señala la institución en un comunicado.
El perfil de un cargo es una descripción concreta de las funciones, responsabilidades, así como la formación académica, habilidades y la experiencia necesaria que debe cumplir el funcionario designado.
Servir, agrega la institución, cuenta con un cuerpo de 517 gerentes públicos, debidamente calificados, que pueden ayudar a la buena gestión del gobierno. El problema es que no tienen carné partidario.
Previamente, la Contraloría solicitó a las autoridades del Ejecutivo cumplir con los perfiles de puestos de funcionarios de confianza, tras anunciar que realiza la verificación de la legalidad de los nombramientos de funcionarios del gobierno en curso.
Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso en el Congreso también se han pronunciado a favor de que Castillo haga ajustes en su gabinete.