El acceso de la vía férrea a Machu Picchu está bloqueado desde el 10 de diciembre pasado, debido a la huelga indefinida en contra de las operadoras PerúRail y IncaRail, únicas empresas que ofrecen el viaje en tren la ciudadela inca, lo que afecta el proceso de reactivación económica y turística del Cusco, actividad que es clave en esta región.
Los habitantes de Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) que han tomado la vía férrea, con el apoyo de autoridades y dirigentes locales, se quejan de la poca frecuencia del servicio de trenes y de las tarifas altas para el turismo nacional.
Los manifestantes han quemado llantas cerca de las líneas del tren y en la entrada de la estación de PerúRail, un ‘modus operandi’ que en otras protestas –como la de paro agrario– ha funcionado como mecanismo de presión. Los perjudicados son las decenas de turistas que se quedaron varados sin poder ingresar a Machu Picchu, que tuvo que ser cerrada por seguridad, así como las miles de personas que dependen de los empleos que genera el turismo.
En los tres primeros días de huelga, Machu Picchu solo recibió entre el 14% y 35 % de su aforo total, el pico más bajo desde la reapertura del Santuario Inca en noviembre por la pandemia. El viernes último solo llegaron 150 turistas de 1.116 visitantes permitidos, cuyo ingreso es gratuito hasta fin de año, precisamente para incentivar la reactivación del sector.
¿Qué piden los manifestantes?
En el caso de PerúRail, el llamado comité de lucha exige el reajuste de sus tarifas, el incremento de tres frecuencias diarias de viajes de ida y vuelta y a Inca Rail le piden la implementación de dos frecuencias diarias exclusivas para el turismo nacional.
En noviembre, las empresas que prestan el servicio de trenes a Machu Picchu iniciaron sus operaciones con el 50% de su capacidad, debido a las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus. Lo hicieron con tarifas promocionales para el turista, de 26 dólares (93 soles) ida y vuelta en sus servicios Expedition y Vistadome, pero evidentemente los costos de operación se han incrementado por la situación.
Luego el Ministerio de Transportes autorizó el incremento del aforo del servicio de trenes, para que funcionen al 100% de su capacidad, con lo cual se se atiende, además de la población local, también al turista nacional.
¿Tienen sustento las protestas?
Nos comunicamos con voceros de PerúRail, que nos explicaron que las protestas no solo han frustrado el viaje de turistas nacionales y extranjeros a la ciudadela inca, sino también el traslado de habitantes de Machu Picchu pueblo, el abastecimiento de productos a través de los servicios de carga y equipaje, y el retiro de los residuos sólidos del santuario.
Además, reiteraron que la empresa brinda servicios sociales a la comunidad local con las siguientes tarifas:
Todos estos servicios se han visto afectados, y en cuanto a las exigencias de frecuencias de tren exclusivas para el turismo nacional con tarifas de 20 soles, señalaron que los manifestantes pretenden desconocer “los servicios sociales que ya venimos brindando por debajo del costo real que representan, sino también los gastos operativos que demanda el funcionamiento de los trenes y que, dada la coyuntura económica que ha ocasionado la pandemia, no estamos en condiciones de afrontar”.
Agregaron que el problema ahora no es la tarifa ni la capacidad de los servicios ferroviarios, sino de demanda del mercado actual en un contexto de pandemia. Antes de la crisis sanitaria había más de 5.000 visitantes por día a Machu Picchu. “Ahora no contamos con ese número de visitantes, pero debemos trabajar en reactivar la actividad turística para retomar las cifras pre Covid”, señala la empresa.
“Es tarea de todos los actores sociales, políticos, privados de la zona impedir que intereses particulares e intereses políticos impidan el normal desarrollo del turismo”, remarca PerúRail, al asegurar que hay ciertos grupos buscan perjudicar a la empresa privada. Por último, invoca al gobierno nacional que tome una decisión sobre la propuesta planteada por los operadores ferroviarios el último 10 de diciembre para solucionar el conflicto, que consiste en brindar un subsidio al turismo nacional.