La amenaza está lanzada. El cuestionado premier Guido Bellido adelantó que harían cuestión de confianza por cada ministro -tan cuestionado como él- que la oposición del Congreso pretenda interpelar y eventualmente censurar, con lo que pretende limitar el control político del Legislativo sobre el Ejecutivo, y de paso abre la puerta para un eventual cierre del Parlamento.
El problema que es que ahora existe un «desequilibrio de poderes», como lo señala la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), grupo donde se empezó a debatir un predictamen que busca equiparar la cancha. «Nosotros estamos tocando este tema porque consideramos que, efectivamente, ha habido un desequilibrio. Está siempre la espada sobre el Congreso que te hago cuestión de confianza», dijo en RPP.
Por ello, seis de las nueve bancadas del Congreso (Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú-Partido Morado) han presentado diversos proyectos de ley para evitar que la amenaza se vuelva realidad.
El predictamen de la Comisión de Constitución agrupó los proyectos de ley 0003, 0006, 0019 y 0036, y plantea la aprobación de una “Ley que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política del Perú”. Con esto, el gobierno solo podría plantear una cuestión de confianza respecto de temas de su competencia, siempre que estén estrictamente relacionados con “la política general del gobierno”.
Además, el texto recoge diversas opiniones de especialistas solicitadas en 2019 sobre los límites de la cuestión de confianza. Al respecto, el constitucionalista Alberto Borea señaló que: “El Consejo de Ministros no puede forzar la aprobación de una reforma constitucional en tanto que ésta es una atribución del poder constituyente de reforma. El Presidente de la República no puede ni reformar la Constitución ni observar la reforma del Congreso. (…) Así las cosas, con mayor razón no podría hacerlo el Presidente del Consejo de Ministros, quien no tiene competencia para ninguna de aquellas cosas.”
En esa línea, el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, afirmó que “el Presidente del Consejo de Ministros no puede hacer cuestión de confianza respecto a la aprobación del proyecto de reforma constitucional, por ser una atribución exclusiva del Congreso de la República.”
El texto hace referencia a los daños ocasionados por la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza en 2019, cuando el vacado expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso y menoscabó la competencia del Congreso sobre conceder o rechazar este mecanismo constitucional. Esta situación desnaturalizó el régimen político, porque permitió al Ejecutivo concentrar poder.
Así, las cuestiones de confianza planteadas para aprobar reformas constitucionales, o para afectar facultades exclusivas y excluyentes del Congreso quedarían fuera del juego, recuperando el equilibrio de poderes. Esto dejaría fuera de la ecuación, incluso, a cuestiones de confianza presentadas para proteger ministros indefendibles como Walter Ayala (Defensa), Ciro Gálvez (Cultura) o Iber Maraví, cuya renuncia se exige por sus probados vínculos con el terrorismo.
Así, el Parlamento camina a paso acelerado en una carrera contra el tiempo para proteger la institucionalidad en nuestro país.