La economía peruana está basada en el modelo de economía social de mercado (ESM), que consiste esencialmente en partir de la idea de que la iniciativa privada debe ser el principal motor de la economía, y que sólo en casos excepcionales de fallos de mercado el Estado debe intervenir en aras de la justicia y la equidad. Este modelo se opone a la planificación central que plantean los socialistas, donde la iniciativa estatal es la predominante, y cuyo fracaso ha sido una y otra vez corroborado en todos los países donde ha sido aplicado, como Venezuela.
Sin embargo, la ESM también se opone a un modelo puro de economía capitalista o de mercado, donde no existe espacio para la intervención del Estado en los mercados. En el Perú, el Estado sí puede intervenir en los mercados, pero bajo un principio que se conoce como subsidiariedad. La subsidiariedad, que es un pilar de la ESM, plantea que el Estado debe incentivar o proveer los bienes y servicios que se consideren esenciales para la comunidad y que no los que estén ofrecidos por los privados. Lejos de ser un principio radical, es más bien la base del Estado de Bienestar de los estados europeos.
Esta intervención se permite, por ejemplo, en el caso de los monopolios naturales, como la infraestructura, la distribución eléctrica, los parques y jardines, las áreas públicas, donde difícilmente el mercado por sí sólo podría proveer estos bienes sin una dirección o planificación estatal. También permite la intervención en la salud y la educación sustentado en el interés nacional de que todos puedan acceder a estos servicios con el objetivo de alcanzar la llamada igualdad de oportunidades. En definitiva, la subsidiariedad es un punto medio.
Esta idea, que inspira al capítulo económico de la Constitución de 1993, se institucionaliza en su artículo 60. Aquí se plantea que se puede intervenir en un sector económico a través de declarar a este de “interés público” a través de una ley aprobada por el Congreso. Eso sí, el Estado tendrá que operar en ese sector en igualdad de condiciones, de manera que permita la libre competencia con otras empresas. El artículo 61 declara que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.
Por lo tanto, el Estado subsidiario planteado en la Constitución del 93, no tiene un rol mínimo o débil. ¿Quiénes podrían querer modificar estos principios? Pues aquellos que quieran hacer que el Estado pueda tener el monopolio de un sector prohibiendo a las empresas competir con él, o aquellos que quieran permitirle intervenir sin ningún tipo de justificación. Esto habilitaría expropiaciones arbitrarias en sectores donde no es prioritario que exista actividad estatal (centros comerciales, bancos, mineras, entre otros). El Estado subsidiario no significa un Estado mínimo.
El Estado peruano hoy ya tiene control sobre la mayoría de la salud y de la educación básica, y control total sobre el agua y el saneamiento. No solo eso, el Estado también tiene empresas en generación (Electroperú) y en la mayoría de la distribución eléctrica, bancos (Banco de la Nación, Cofide, entre otros), servicios postales (Serpost), servicios de limpieza (Silsa), control del tránsito aéreo (Corpac), refinación de petróleo (Petroperú), fabricación de armas (FAME), y mantenimiento de aeronaves (Seman). También a través de reguladores controla muchos otros sectores como las carreteras, la minería e hidrocarburos, la educación, la salud, la banca, etc.
Entonces, ¿por qué no está funcionando nuestro Estado? Muchos diagnósticos aquí pueden realizarse, pero en definitiva no es por la Constitución. La crisis política, la corrupción, la precariedad de la carrera pública, la falta de institucionalidad y el exceso de burocracia están entre las principales causas de un Estado ineficiente e ineficaz para regular los mercados y brindar servicios públicos de calidad. Que no te floreen.