En entregas anteriores te hemos contado sobre los problemas de saneamiento en el distrito de Secclla, provincia de Angaraes, Huancavelica, y el grave retraso y paralización del Hospital El Carmen, en la ciudad de Huancayo, Junín. Ahora, vamos a ver otro caso también de un hospital, pero esta vez en la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac. Este caso es más grave que los dos anteriores.
Como ya hemos explicado, la inversión en saneamiento, educación y salud es responsabilidad del Estado. Si esa inversión no se realiza, es una utopía el querer cerrar brechas que tantas diferencias vemos entre regiones con la capital y entre ciudades de una misma región. Es justamente la inversión pública la que se enfoca en satisfacer necesidades básicas. Las empresas de saneamiento y distribución del agua son estatales. La cobertura de salud, en un 97%, la provee el Estado; prácticamente un monopolio. No hay, no existe y, por cómo vamos, no habrá otro responsable.
El nuevo hospital de Andahuaylas es un proyecto que fue aprobado por el Gobierno Regional (GORE) liderado por David Salazar (Frente Popular Llapanchik), en el año 2007. Sí, escribí bien: ¡2007! El presupuesto inicial aprobado fue por casi S/59 millones. Sin embargo, en el 2012, en la gestión de Elías Segovia (Movimiento Poder Popular Andino) se aprobaron los expedientes técnicos de la obra, donde el costo por la infraestructura y equipamiento subió a S/115.2 millones. A los cuales debían sumarse los gastos de supervisión, elaboración del propio expediente e imprevistos, por lo que la obra costó S/11 millones más. El nuevo total: S/126 millones. Un incremento del 114% respecto al presupuesto inicial.
La obra se empezó recién a ejecutar en el 2013: ¡6 años después de su aprobación! Y debía finalizar en octubre del 2014. Hoy, 14 años más tarde, solo se ha logrado un avance del 52%, y la obra está totalmente paralizada desde noviembre 2018. ¿Por qué se detuvo? A lo largo de los años, las excusas fueron falta de presupuesto del GORE de Apurímac, faltas de los encargados de la supervisión de obras y deficiencias en el expediente técnico (que a los ciudadanos de Andahuaylas les costó S/1 millón). Después de autorizar 11 ampliaciones de plazo y 22 prestaciones adicionales de obra (que son costos reconocidos, pero que no fueron presupuestados al inicio), lo cual incrementó el presupuesto, el GORE de Apurímac, en febrero 2019, rescindió el contrato con la empresa a cargo de la obra, Consorcio Andahuaylas.
En julio de 2020, en plena pandemia y averiguando el por qué Andahuaylas no tenía finalizado ese hospital, el Contralor General de la República, Nelson Shack, declaró: “No puede ser que este hospital esté muy mal hecho, con fallas desde el principio y que hasta el momento no haya ningún responsable. Han pasado varios gobiernos regionales y no se ha resuelto el problema”.
La Contraloría General, en un informe de control recurrente de abril 2019, señaló que “la paralización y resolución del contrato de obra, genera retraso en la culminación del proyecto y el posible deterioro de la infraestructura ejecutada, mayores plazos, costos e incumplimiento de los objetivos establecidos”. También indica que el equipamiento biomédico tiene más de 5 años adquirido sin que “el GORE brinde mayores referencias a las condiciones de almacenamiento y estado operativo del mismo”.
La gráfica N°1 detalla los montos de inversión de los proyectos pero según el estado en que se encuentra la obra. Según la Contraloría General de la República (CGR), en la región de Apurímac se vienen ejecutando proyectos por S/1,980 millones. Sin embargo, una cifra casi parecida, S/1,924 millones, es dinero guardado en los bancos por obras detenidas (que sí presentan cierto avance) o de obras sin ejecutar.
Por otro lado, según el INEI, la región Apurímac es una de las regiones con mayor pobreza monetaria. ¿Cuál es el estado actual de las obras en los 10 distritos más pobres de Apurímac? Veamos el gráfico N°2. Lo primero es que no existen obras paralizadas. A la vez, por proyectos terminados, de los 10 distritos, sobresalen 2; San Miguel de Chaccra y Ranracancha, que tuvieron inversiones por más de S/20 millones en los últimos años. En total, los 10 distritos terminaron proyectos por S/116 millones, pero ello solo equivale al 3% de todas las inversiones finalizadas en la región.
Por el lado de lo que se está ejecutando, el gráfico es claro. Solo un 2% se viene invirtiendo en los 10 distritos más pobres de Apurímac, que equivale a poco más de S/37 millones. ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán que esperar para que sus autoridades cumplan con lo ofrecido y brinden servicios de salud de calidad? Como dijimos del gráfico N°1, más del S/1,900 millones en proyectos sin ejecución o paralizados que involucran no solo la salud, también proyectos de saneamiento, educativos, de vías de comunicación; lo que más exigen los ciudadanos de las regiones.
¿Qué propuestas tienen los candidatos en segunda vuelta? Perú Libre sostiene que los S/250 milloncitos que en promedio reciben los GORE al inicio de cada año, son insuficientes para reducir pobreza, desnutrición, analfabetismo y falta de vías de comunicación. ¡Pooobres! ¡Están chiguán! En el caso de Fuerza Popular, su propuesta es la de fortalecer espacios de coordinación entre autoridades regionales y del gobierno central, a fin de tener mayor asistencia técnica y puedan reforzar capacidades de gestión para así atender mejor las necesidades de los ciudadanos.
Creemos que lo anterior es insuficiente. Es súper importante iniciar reformas. La descentralización que se inició en el 2003 no ha funcionado. Se transfirieron responsabilidades y competencias, pero capacidades en lo económico, administrativo, financiero, de gestión pública… ¡NAAARA! ¡Cero! Con estas carencias, deficiencias, ¿cómo los ciudadanos de las regiones se van a sentir parte de un proyecto de país? Tenemos que preguntarnos si lo que se debe cambiar es el modelo económico el cual permite la generación de los recursos, o si es un cambio político, un cambio en la forma en que los ciudadanos, incluyendo Lima, están bien representados.