El 2020 ha sido un año de abundantes protestas sociales de todo tipo. Entre las más sonadas están: los paros agrarios en Ica y La Libertad, los bloqueos a los trenes en Machu Picchu y en especial las protestas contra la vacancia presidencial.
Estamos a inicios de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2021 y es importante responder lo siguiente: ¿Qué debe opinar un candidato sobre este asunto? ¿Cómo espera la gente que un presidente aborde estos problemas? Veamos.
Es cierto que la protesta es un derecho constitucional, y debe garantizarse en el sentido que se permita manifestar públicamente el rechazo a alguna medida. Frente a esto, es un uso legítimo de la fuerza que la policía evite que las protestas afecten la vida de terceros o la propiedad privada y pública.
¿Y por qué? Porque las protestas cuestan. Durante el paro agrario en Ica y La Libertad, los manifestantes tomaron carreteras, quemaron ambulancias, atacaron buses y destruyeron propiedad pública y privada. Además, en cada día de protesta se impidió la salida de 200 contenedores de productos agrarios, equivalentes a una pérdida de US$ 10 millones al día, según la Asociación de Exportadores.
También impacta en los miles de peruanos que usan las carreteras y que no pueden utilizarlas tanto para movilizarse como para transportar alimentos y productos. Lima y las ciudades principales quedarían desabastecidas y los precios empezarían a subir rápidamente al bloquear las carreteras, afectando a los más pobres. Por ejemplo, el sector de trasporte de carga perdió US$ 18 millones por el bloqueo de la Panamericana Sur, según el Gremio de Transportes y Logística.
Y es que no se puede permitir que las protestas se conviertan en un mecanismo para imponerse sobre las reglas de juego o en una suerte de chantaje. La gente comparte esta intuición. En diciembre, el 75% de la población mencionó simpatizar con las protestas, pero no aprobaba el bloqueo de carreteras, según Ipsos Apoyo.
Los peruanos en su mayoría consideran que lo fundamental es que los conflictos sociales se resuelvan mediante el diálogo, y que la Policía Nacional restablezca el orden público y el libre tránsito solamente si no se logra una solución. Por eso es fundamental que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo fomenten canales de negociación, comunicación y diálogo.