La Contraloría General de la República presentó su nuevo informe sobre el índice de corrupción en el país y reveló que los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron pérdidas económicas por más de S/ 24 mil millones en el 2021.
“En el 2021 hemos perdido por corrupción más de 24 mil millones de soles. Es un poco más que el presupuesto para la ejecución de dos nuevas carreteras centrales. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo. Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad”, explicó el contralor Nelson Shack en conferencia de prensa.
Los S/ 24.262.964.827 perdidos por la corrupción el año pasado representan el 13% del presupuesto nacional devengado o ejecutado. Además, es un monto superior en más de dos mil millones de soles registrados por el mismo flagelo en el 2020, cuando la cifra fue de S/ 22.059.183.058.
Shack sostuvo que nunca se conocerá el perjuicio económico real que ocasiona la corrupción, porque se trata de un acto clandestino, pero la estimación efectuada permite tener una aproximación cuantitativa. Este índice se fundamenta en los resultados del control posterior y determinación del perjuicio económico realizados durante un período, que se estima respecto al presupuesto público anual ejecutado.
Corrupción en todos los niveles
El ranking de perjuicio económico por corrupción, en todos los niveles del Estado, está encabezado por 10 departamentos, de acuerdo al contralor Nelson Shack. Asimismo, detalló que a nivel de gobierno nacional el daño estimado por sectores está encabezado por Transportes y Comunicaciones, donde actualmente la fiscalía investiga la infiltración de una organización criminal.
Control de cara a Elecciones 2022
El contralor Shack anunció además que, en las próximas semanas, como parte del control a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2022), se lanzará la plataforma de alertas e información “En estas Elecciones, tú tienes el control” para que la ciudadanía se informe y alerte si funcionarios públicos o candidatos utilizan recursos o bienes públicos con fines proselitistas, lo que es ilegal.
