Una casa en el pasaje Sarratea, en Breña, se ha convertido en una extensión clandestina de Palacio de Gobierno. En aquel lugar y en horas de la noche, el presidente Pedro Castillo suele discutir asuntos “de carácter personal” con ministros, otros funcionarios públicos y representantes de empresas —que contratan con el Estado—. Una serie de reuniones sin registro oficial —observadas por la Contraloría desde el inicio de la gestión perulibrista por vulnerar los principios básicos de transparencia— que vincularían a nuestra máxima autoridad con presuntos actos de corrupción.
En los últimos días se han revelado las identidades de algunos de los visitantes de Breña. Donde resalta el nombre de Karelim López Arredondo —quien también se reunió con Castillo en Palacio—, asesora empresarial de la constructora Termirex S.A.C. —de los hermanos Marco Antonio, Luis Carlos, Héctor, George y Gilmar Pasapera Adrianzén—, integrante del Consorcio Puente Tarata III, ganador de un millonario contrato con Provías Descentralizado. Se trata de 232 millones de soles. Un proceso plagado de irregularidades que viene siendo investigado por el Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría.
A la luz de los hechos, y según los expertos, estos encuentros secretos no solo constituyen una falta ética, sino que además infringen la Ley N°28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, las reuniones entre Karelim López y Pedro Castillo podrían derivar en otras acusaciones de índole penal por los supuestos delitos de negociación incompatible, colusión y corrupción de funcionarios (cohecho).
Esta historia se entiende mejor cronológicamente…
En mayo del presente año, Provías Descentralizado (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC) lanzó la convocatoria para la adjudicación de la obra “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, en la región San Martín. Los postulantes tendrían plazo para presentar sus ofertas hasta el pasado 12 de octubre. Así lo hicieron cuatro compañías. Entre ellas, los consorcios Puente Tarata III y Huayabamba, integrados por Termirex S.A.C. y Corporación Imaginación S.A.C., respectivamente. Ambas vinculadas a Marco Antonio Pasapera Adrianzén.
“Aquí evidentemente hay un problema. Que dos empresas relacionadas a un mismo dueño postulen al mismo concurso es querer presionar, direccionar el beneficio [de la buena pro]”.
Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción.
El 27 de agosto, un mes después de haber iniciado el gobierno de Pedro Castillo, se registró formalmente la primera reunión de trabajo de la asesora empresarial de Termirex, Karelim López, en el despacho presidencial. Cabe anotar que López ya conocía Palacio de Gobierno, pues en el 2018 visitó al entonces secretario general de Martín Vizcarra, Iván Manchego. Otro dato no menos importante es que en el 2016 aportó 18 mil soles a la campaña de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Una empresaria sin tinte político.
El 13 de septiembre, Karelim López Arredondo y Luis Carlos Pasapera Adrianzén acudieron a Provías Nacional como representantes del Consorcio Vial Pro, conformado por Termirex y la empresa española Tableros y Puentes. Estas constructoras junto a la firma colombiana H.B. Estructuras Metálicas integran el Consorcio Puente Tarata III.
En octubre, mes de la adjudicación de la obra de Provías Descentralizado, la asesora empresarial Karelim López regresó a Palacio de Gobierno en tres oportunidades. La primera fue el domingo 17 donde sostuvo una reunión por dos horas con el jefe de Estado. Las otras dos visitas se registraron el lunes 18. López acudió por la mañana al despacho presidencial y por la noche se reunió con el exsecretario general Bruno Pacheco. Por su lado, los hermanos Marco Antonio y Luis Carlos Pasapera Adrianzén también registraron visitas a dependencias del MTC en dicho mes.
“Es evidente que estas personas transgreden las normas de las contrataciones cuando se reúnen con funcionarios y servidores públicos más allá de las reuniones formales con todos los postulantes, como cuando se les convoca para abrir sobres [de postulaciones]”, precisa el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo.
Finalmente, el viernes 22 de octubre el comité de selección de Provías Descentralizado entregó la buena pro de la construcción de puente vehicular en la región San Martín al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a Karelim López y los hermanos Pasapera Adrianzén. Los votos a favor fueron de Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más. No obstante, el presidente del mencionado comité, Miguel Espinoza Torres, advirtió que ninguno de los proveedores cumplía con los criterios técnicos para adjudicarse la obra.
“Si efectivamente se descubre que hubo un acuerdo para favorecerlos en el proceso, tenemos delitos que pueden ser desde la negociación incompatible, colusión y corrupción de funcionarios. De comprobarse alguna irregularidad se debe solicitar la nulidad del contrato e iniciar los procesos en las instancias correspondientes”, asevera el especialista en contrataciones públicas Christian Guzmán.
En este escándalo, merece un reglón aparte un personaje: Víctor Valdivia Malpartida. El 27 de octubre, cinco días después de haber votado a favor de la adjudicación al Consorcio Puente Tarata III, Valdivia Malpartida fue ascendido como director ejecutivo de Provías Descentralizado. No duró ni un mes en el cargo. Una joyita con nueve procesos penales abiertos que van desde peculado hasta violencia familiar.
El 19 de noviembre, Karelim López vuelve a escena para un encuentro clandestino en Breña. Llegó pasadas las diez de la noche y se quedó solo por 25 minutos. En los vídeos difundidos por Cuarto Poder, se le puede observar ingresando a la casa del pasaje Sarratea con un bolso grande. De igual forma, en las imágenes se distingue al presidente Pedro Castillo sin su habitual sombrero y al ministro de Defensa, Juan Carrasco.
“Este es un gobierno débil por la falta de competencia del presidente, pero además tenemos una clara falta de transparencia en el comportamiento del presidente. Se reúne fuera de Palacio, se reúne con personas que no debería, hay contrataciones con resultados extraños. Esto claramente muestra una conducta poco ética. Esto ya no parecen ser comportamientos erróneos” .
Christian Guzmán, abogado experto en contrataciones públicas
El último lunes, luego de las revelaciones periodísticas en diversos medios, Castillo Terrones dio un mensaje a la Nación carente de argumentos. Para el exfiscal Pedro Angulo, la actitud del jefe de Estado está dejando entrever que detrás de esas reuniones hay actos ilícitos. “Él jamás debería de reunirse [fuera de Palacio] no solo porque pueda estar cometiendo delitos, sino porque da la imagen de que los estuviera cometiendo”, apunta.
Por su lado, las instituciones de control y fiscalización activaron sus alarmas. El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó a la Secretaría General de Palacio de Gobierno información sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo. Asimismo, la Contraloría emitió un informe de orientación de oficio donde señala que “se ha identificado una situación adversa que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública” y, por lo tanto, recomienda al secretario general Jaico Carranza “que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan” y que comunique al órgano de control institucional el plan de acción que implementará.
El 1 de diciembre, el Ministerio Público inició de oficio la investigación contra Karelim Lizbeth López Arredondo y Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Al igual que funcionarios de Provías y otros implicados.
A menos de una semana de debatirse la moción de vacancia, el gobierno de Pedro Castillo pasa su momento más crítico. Parafraseando a su ex primer ministro Guido Bellido: señor presidente, usted no puede ponerse sombrero para sentarse en Palacio y gorra para transar con la corrupción.