Con 79 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley de desarrollo constitucional que regula el uso de la cuestión de confianza que el Ejecutivo había observado, con lo que restablece el equilibrio de poderes en el país.
El gobierno ha puesto el grito en el cielo y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) una vez que la norma sea publicada en el diario oficial El Peruano, porque se “rompe el equilibrio de poderes”, según dijo la premier Mirtha Vásquez.
Pero el Ejecutivo parte de una falacia, porque en la práctica no había ese equilibrio del que habla la jefa del gabinete. Se rompió luego de que en el 2019, el vacado expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso bajo el argumento de lo que se llamó en ese entonces una “denegación fáctica” de la confianza, figura que no existe en nuestro ordenamiento constitucional.
Al forzar una intepretación de ese tipo, por un asunto que además es de exclusiva competencia del Congreso, como la elección de magistrados del TC, se rompió el equilibrio de poderes. Entonces, lo que ha hecho el Congreso ahora es restablecer ese balance para que se pueda eregir como un verdadero contrapeso del Ejecutivo.
La norma aprobada por insistencia no modifica el fondo de la cuestión de confianza, sino que precisa que el premier o los ministros solo pueden plantear esta figura sobre temas de su competencia, siempre que estén estrictamente relacionados con “la política general del gobierno”. Y cualquier reforma constitucional, por ejemplo, debe pasar por el Congreso.
“En particular se señala que no se puede hacer cuestión de confianza para reformar la Constitución, porque si dejamos que el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza para reformar la Constitución estaríamos viviendo en el fondo en una dictadura, no habría en realidad un marco constitucional para respetar, porque el presidente el día de mañana puede cerrar el Congreso porque quiere cambiar la Constitución y eso genera un nivel de incertidumbre, inestabilidad y de quiebre constitucional que nosotros no podemos aceptar”, apuntó la congresista Adriana Tudela (Avanza País), en el programa “A fondo”.
Además, esta ley que regula el uso de la cuestión de confianza se da un contexto en el que fue el propio Ejecutivo, a través del expremier Guido Bellido, el que amenazó con recurrir a la cuestión de confianza por cada ministro -tan cuestionado como él- que la oposición pretenda interpelar y eventualmente censurar, con lo que limitaba el control político del Legislativo sobre el Ejecutivo.
“La idea (de esta norma) que es que ningún poder del Estado tenga tanto poder que le permita pasar por encima de otro poder del Estado”.
Adriana Tudela, congresista de Avanza País.
Entonces, no se entiende que se diga desde el Ejecutivo que el Congreso está vulnerando el equilibrio de poderes y afectando la estabilidad, cuando ha sido el gobierno el que en los últimos dos meses y medio ha buscado la confrontación y provocado zozobra e incertidumbre en el país.
Reformas con trampa
A ello se suma que el Ejecutivo, horas antes de que se debata la insistencia de la cuestión de confianza, presentó un proyecto para reformar esta figura constitucional y también la vacancia presidencial. “Me parece deshonesto que la premier (Mirtha Vásquez) haya dicho que buscan defender el estado de derecho porque la verdad que ese proyecto lo único que hace es acentuar más el desequilibrio que ya existía, porque limita la facultad del Congreso para censurar ministros, al pretender que solo se les pueda censurar por motivos del ejercicio del cargo”, dijo la congresista.
“Bajo ese contexto, no hubiésemos podido interpelar a Iber Maraví o a Hector Béjar, que era una persona con vínculos con organizaciones terroristas, tampoco hubiésemos podido interpelar a Guido Bellido, que es una persona misógina y machista”, agregó Adriana Tudela.
La iniciativa del Ejecutivo evita además mencionar de manera expresa que el gobierno no puede hacer cuestión de confianza para reformar la constitución. “Ese proyecto de ley viene con trampa, porque ellos dicen que quieren defender el equilibrio de poderes, pero cuando uno lee la propuesta, evidentemente lo que buscan es recortar más el contrapeso que pueda ejercer el Congreso. Eso me hace dudar de las convicciones democráticas de Mirtha Vásquez y de este gabinete”, subrayó Tudela.
La congresista también cuestionó que el Ejecutivo pretenda eliminar la figura de la “incapacidad moral” como una de las causas para destituir a un presidente y reemplazarla por la “incapacidad física”o “mental”, acreditada además por una junta médica.
La incapacidad moral es una figura que se da cuando el presidente incurre en un delito tan grave que lo deslegitima para seguir al mando de país.
“Imaginemos que tenemos un presidente de la República que manejando borracho atropella a alguien y lo mata. Sin la figura de la incapacidad moral no podríamos hacer responsable al presidente de la República y tendríamos que aguantarlo en el cargo y dejarlo cinco años. Entonces lo que están planteando ellos es algo bastante extremo y grave. Están quitándole al Congreso la facultad de sancionar delitos muy graves que no están contemplados en la Constitución porque son imposibles de prever, y eso le resta la posibilidad al Congreso de ejercer control político”.
Adriana Tudela, congresista de Avanza País.