El conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial por la elección –fallida hasta ahora– de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sumó un nuevo capítulo este fin de semana. La Fiscalía de la Nación anunció el sábado el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad contra los legisladores que resulten responsables de incumplir la medida cautelar del Poder Judicial que ordenó suspender el proceso de elección de nuevos integrantes del TC.
Esas diligencias preliminares serán por 120 días, pero el despacho de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, no precisó quiénes serían los investigados, porque no se ha elegido a ningún miembro nuevo del TC aún por falta de consenso en las bancadas. Lo que sí hubo fue un acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso para continuar con el proceso, que fue aprobado por 87 congresistas, porque consideran que la medida cautelar emitida por la jueza Soledad Blácido Baez, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, atenta contra la autonomía de sus fueros.
“El equilibrio y control de poderes no debiera judicializarse, máxime cuando no hay decisión sobre la designación de magistrados al Tribunal Constitucional”, fue la primera reacción que tuvo el Parlamento en su cuenta de Twitter, tras conocerse la decisión del Ministerio Público.
Inconsistencias
Además, la indagación de la fiscalía tiene problemas de forma y fondo, según especialistas en la materia. Primero, con la notificación de la resolución de la jueza Blácido, que no es un tema menor. El recurso de amparo presentado por el cuestionado abogado Walter Ayala, que motivó el fallo de Blácido, fue interpuesto contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el titular de la comisión especial para evaluar a candidatos al TC, Rolando Ruiz (Acción Popular); y el procurador público del Legislativo.
Hasta donde se sabe, a ellos se les notificó la resolución judicial, porque el recurso estaba dirigido a estos, pero no al resto de congresistas. Y para que haya una desobediencia o resistencia a la autoridad debe existir una orden expresa, directa y personalizada, explica el abogado Carlos Caro. “En derecho penal, para la configuración de un delito las cosas deben ser muy claras y evidentes”, apuntó.
Lo otro que no toma en cuenta la fiscalía es que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo de otras autoridades, según el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas “no son responsables ante autoridad u órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Y la elección de los magistrados del TC es una de sus prerrogativas.
En este caso además a los legisladores les asistiría el antejuicio político (artículos 99 y 100 de la Constitución), porque se trataría de un supuesto delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, para que los congresistas sean procesados penalmente primero debe aprobarse una acusación constitucional en el legislativo, porque no hay relación con la eliminación de la inmunidad parlamentaria aprobada. “Los congresistas han votado por elegir a miembros del Tribunal Constitucional, que es parte de sus funciones”, explica el penalista Caro Coria.
Por ello, el constitucionalista Natale Amprimo considera que la indagación fiscal, más que una decisión ajustada a derecho, parece una “jugada política” para amedrentar a los legisladores. En ello coincide el penalista Luis Lamas Puccio, que considera que esa investigación preliminar de la fiscalía es más un “mecanismo de intimidación”. Y en este caso la controversia crece porque es el mismo TC el que tendría que determinar si se ha trasgredido o no el fuero parlamentario.