Cuando estaban a casi nada de acabar su mandato, los legisladores del Congreso actual decidieron retomar la elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Así, a las carreras, la comisión especial a cargo de seleccionar a los candidatos, reinició su labor y presentó una lista de 15 postulantes «aptos», de los 60 evaluados. De este grupo deben salir los reemplazantes de los tribunos que tienen el mandato vencido desde el 2019: Marianella Ledesma (actual presidenta del TC), Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña.
La Junta de Portavoces del Legislativo decidió agendar para este miércoles 7 y jueves 8 de julio las dos sesiones del pleno para la elección de los nuevos magistrados, que requieren un mínimo de 87 votos para ser designados, pero en medio llegó una orden judicial que suspendía esta elección emitida por la jueza Soledad Blácido, a cargo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, que dispuso esa medida hasta que se resuelva el fondo de una acción de amparo contra el proceso.
En su fallo, la jueza señala que el recurso, presentado por el abogado Walter Ayala contra el Parlamento, cumplió con todas las formalidades y requisitos establecidos por el Código Procesal Constitucional, por lo que concedió además la medida cautelar que suspende cualquier acto que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.
En su demanda, el abogado Ayala alega que se vulneró el debido proceso porque no se publicaron a tiempo las notas y las motivaciones por parte de los miembros de la comisión especial sobre los candidatos al TC. Se trata de cuestionamientos de forma, aunque el procedimiento de fondo también ha recibido críticas desde el año pasado, cuando este mismo Congreso aprobó una ley que establecía un concurso “meritocrático” para el proceso de elección de magistrados. La nueva norma debía erradicar toda duda de posibles “repartijas”, pero eso fue un engaña muchachos: al final se elegirán a los candidatos que logren 87 votos en el pleno, al margen de sus calificaciones en el concurso de méritos. O sea, el criterio político es el que sigue predominando.
Pero bueno. El tema es que la Junta de Portavoces el martes último, decidió seguir con la elección de los magistrados y desconocer el fallo de la jueza Blácido. Votaron a favor de este acuerdo el Frepap, Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Podemos Perú, Somos Perú, UPP, Nueva Constitución y Descentralización Democrática, porque consideran que esa decisión judicial afecta la autonomía de sus fueros. Solo se opusieron el Frente Amplio y el Partido Morado.
Conflicto de poderes e investigación de la OCMA
El fallo de la jueza no solo motivó un enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial, sino también una investigación de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra la magistrada Blácido “por haber dictado el auto admisorio de la demanda de acción de amparo y medida cautelar” contra el Poder Legislativo.
Lo que más llamó la atención fue la celeridad con que se pronunció la jueza en este caso, inusual para los parámetros judiciales. De hecho, la demanda se presentó el 30 de junio, el 5 de julio la magistrada escuchó los alegatos de la parte demandante y el 6 de julio le dio la razón.
Los argumentos legales de ambos lados
El abogado Alejandro Rospigliosi, exjefe de gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, respaldó la decisión de la mayoría de bancadas del Congreso, de desconocer la orden de la jueza Blácido, porque implica una vulneración de los fueros legislativos y una de sus funciones constitucionales es la elección de miembros del TC. El constitucionalista Erick Urbina coincidió y señaló que el procurador del Congreso deberá responder al Poder Judicial y apelar el fallo, sin que esto afecte la agenda prevista del Parlamento.
El vicepresidente del Congreso Luis Roel Alva (Acción Popular) también se pronunció en el mismo sentido. “La Mesa Directiva, tanto su presidenta encargada como los miembros, tenemos posiciones discrepantes sobre la elección de magistrados, pero creo que la Mesa Directiva como la mayoría de los voceros, coincidimos que no podemos aceptar interferencias en un Estado de derecho de un poder en las funciones de otro”, dijo.
En cambio, el constitucionalista Omar Cairo consideró que la jueza actuó dentro de sus competencias y sostuvo que el fallo, guste o no, debe ser acatado por el Congreso, luego de precisar que cualquier acto que realice el Pleno sobre la elección de miembros del TC sería nulo. “No hay invasión de poderes”, dijo Cairo. «La jueza no está diciendo a quién elegir o no. Lo que dice es que se suspende el concurso ante posibles vicios que afectan los derechos constitucionales como la transparencia», agregó.
El trasfondo político
Las otras dudas en torno a este proceso de elección tienen más bien un componente político. De un lado se cuestiona legitimidad de este Congreso, que ha dado muestras de sobra de su irresponsabilidad al aprobar normas peligrosas, como la que legaliza los taxis colectivos, y otras abiertamente inconstitucionales, como la que elimina el régimen CAS; y de otro, el interés de que el TC no se tumbe la norma que buscan aprobar en su cuestionada cuarta legislatura exprés, para regular la cuestión de confianza y evitar que se repitan situaciones como las de este quinquenio que se va, como el cierre del Parlamento que realizó Martín Vizcarra; es decir, pone candados para que una situación así no ocurra en el próximo gobierno.