El dictamen que propone eliminar la inmunidad parlamentaria fue aprobado este jueves por el pleno del Congreso en primera votación, con 103 votos favor, 14 en contra y 3 abstenciones. La medida debe ratificarse con el respaldo de al menos 87 congresistas en la próxima legislatura para que se concrete, porque se trata de una reforma constitucional.
Votaron en contra la mayoría de fujimoristas, así como el legislador Édgar Alarcón (UPP), que tiene varios procesos por corrupción abiertos, y Manuel Merino (Acción Popular), investigado por la muerte de dos jóvenes en las marchas de noviembre que provocaron su renuncia a la presidencia interina del país, entre otros.
El dictamen fue incluido en la agenda del pleno con el respaldo de ocho de las 11 bancadas del Parlamento y acordaron que se exonere del plazo de publicación en el portal del Legislativo.
¿Qué dice el dictamen aprobado?
El dictamen modifica el artículo 93 de la Constitución, que a la fecha dice que los congresistas «no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento».
La iniciativa de reforma señala lo siguiente:
«El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario».
La nueva fórmula que se debatirá en el pleno mantiene el texto referido a que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. También la parte en la que dice que «no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones».
Otro cambio que introduce el dictamen es que elimina la prerrogativa «por actos propios de su función»
Un dato importante. El nuevo texto es diferente al aprobado en el pleno el pasado 5 de julio, que fue criticado porque eliminaba también el antejuicio para ministros de Estado, la supresión de la inmunidad del defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.
¿Cómo se aplicaba hasta ahora la inmunidad?
Hasta ahora, la inmunidad parlamentaria se ha venido usando como un mecanismo de impunidad por políticos que tienen cuentas con la justicia. El problema pasa porque el artículo 16 del Reglamento del Congreso, sobre la inmunidad de proceso y arresto sí alcanza a delitos anteriores a la función parlamentaria.
¿Cómo así? Por ejemplo, si a un investigado le inician un juicio antes de su elección como legislador, pero lo condenan durante su mandato como congresista, no lo pueden arrestar (eso pasó en el caso de Edwin Donayre en el Congreso disuelto). Y si no le iniciaron proceso, ya no lo pueden hacer mientras sea congresista, así el delito haya sido anterior a su elección (eso puede pasar con el caso de Martín Vizcarra).