La incapacidad del gobierno del presidente Pedro Castillo para atender y solucionar los problemas del país es evidente, especialmente cuando se trata de resolver conflictos sociales. Una prueba, de ello, es el incremento de siete nuevos casos en septiembre, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Así, la estadística se elevó a 198 conflictos sociales a nivel nacional. Una cifra preocupante que no se reportaba desde noviembre del 2020 y que continúa en ascenso desde junio del presente año.
“La Defensoría del Pueblo reporta mensualmente desde hace muchos años atrás una radiografía de la conflictividad social en nuestro país, y en el último reporte, que data de septiembre (2021), hace notar que la conflictividad que vincula a empresas mineras y a poblaciones entorno a temas medioambientales está todavía muy latente en el Perú. Sin duda alguna que tres de siete nuevos casos sean de esta problemática nos dice que hay que ponerle atención e interés”, señala David Pacheco, representante de la oficina defensorial en Ayacucho.
En efecto, de los siete nuevos conflictos sociales registrados en septiembre, tres corresponden a casos de tipo socioambiental contra las mineras Kolpa, en Huancavelica; Mármol, en Junín; y Buenaventura, en la provincia de Oyón (Lima). Otros tres casos son demandas contra los gobiernos regionales de Huánuco, Piura y Junín; y el séptimo, tiene relación a un pedido de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, en Ayacucho. ¿Qué acciones tomará el presidente Pedro Castillo para prevenir que estos conflictos desencadenen en actos de violencia?
La Defensoría del Pueblo también indica que, de los 198 conflictos sociales, 142 se encuentran “activos” (demandas públicas) y 56 están “latentes” (demandas no expresadas públicamente). Y, de los casos activos, 73 corresponden a conflictos socioambientales y la mayoría son atendidos a través de mecanismos de diálogo.
Además, el informe señala que se produjeron 226 protestas durante septiembre y que “se registró una persona fallecida producto del enfrentamiento entre agrupaciones que se disputan en control de la mina de sal que es explotada por la comunidad campesina San Martín de Sechura en Piura. Asimismo, tres personas resultaron heridas (un civil y dos policías) durante el paro de 48 horas acatado por las organizaciones sociales y sindicales de Huánuco”.
El caso minero en Ayacucho
Otra evidencia de la desidia del actual gobierno es la crisis que se vive desde hace unos diez días en Ayacucho y que pudo evitarse. La Defensoría del Pueblo, en su reporte de septiembre, alertó sobre la posibilidad de la activación de 22 conflictos sociales, entre ellos, el caso socioambiental entre los comuneros de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, y la minera Apumayo. Es decir, el Ejecutivo -representado por Pedro Castillo y Mirtha Vásquez– tuvo por lo menos dos semanas para escuchar las demandas, instalar una mesa de diálogo e impedir el estallido de la violencia en el sur.
Luego del saqueo e incendio de las instalaciones de la minera Apumayo, el Ejecutivo les prometió a los comuneros la instalación de una mesa de diálogo. Esta se realizaría con la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el 11 de noviembre último en Coracora. Sin embargo, la fecha y el lugar han sido modificados hasta en dos oportunidades, lo que generó gran malestar en la población ayacuchana.
“Un gran problema en resolución de conflictos sociales ha sido el seguimiento de la implementación de los acuerdos. Usualmente se llega a una mesa de diálogo, se levanta actas, se firman acuerdos que luego el gobierno no necesariamente hace seguimiento o lo que es peor, no cumple”, advierte el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco.
“Recordemos que lo que ha ocurrido en Coracora (Parinacochas-Ayacucho) no solamente se limita a los hechos de violencia como el destrozo y la quema de la propiedad privada, es más se ha puesto en riesgo la vida de la población. Nosotros logramos verificar que en el hospital de Coracora había 10 personas que fueron atendidas después de estos hechos. Si bien ninguno fue de gravedad, es un número que preocupa. Además, de dos efectivos que fueron evacuados a la sanidad policial”, agregó el funcionario consultado por Piensa.pe.
Finalmente, los comuneros han advertido al Ejecutivo que, si no se concreta la instalación de la mesa de diálogo hasta el 18 de noviembre, retomarán sus acciones de protesta indefinidas contra la minería en Ayacucho.