Los nexos con el ala radical del oficialimo de Adán Damián Gamarra, el actual presidente de la comunidad de Aquia, en Áncash, quien lideró las protestas contra Antimina, han quedado en evidencia luego de que se reveló que este dirigente visitó en el Congreso la legisladora de Perú Libre Margot Palacios el 18 de octubre, es decir, cinco días antes de que se iniciara el paro que obligó a la empresa a suspender sus operaciones, conflicto que fue advertido desde septiembre por la Defensoría, pero ante lo cual el gobierno no hizo nada.
Al encuentro con Palacios –sí, la parlamentaria que “copió y pegó” la ley de la hoja de coca de Bolivia para presentarla en el Perú–, Damián acudió en su calidad de representante de la Comunidad Campesina de Aquia y se extendió por más de media hora, reveló Correo en base a información del portal de Transparencia.
Además, el agitador de Aquia, el pasado 10 de agosto, también se reunió con Guido Bellido, cuando este era aún premier, por casi dos horas, y un día antes asistió a un evento de la parlamentaria Kelly Portalatino. Todos estos legisladores son congresistas del ala radical de Perú Libre, que responde a los intereses del dueño del partido, Vladimir Cerrón.
Amenaza de muerte
Esta semana, antes de que la comunidad de Aquia y Antamina acordarona una tregua, Damián Gamarra había amenazado con radicalizar su protesta y hasta con la muerte de campesinos y de los propios empleados de la compañía, lo que obligó a esta empresa a suspender sus operaciones.
“Si Antamina no se retira pacíficamente, tomaremos acciones de desalojo. No vamos a hacer la primera comunidad que muera defendiendo sus tierras”, dijo en un video publicado en Facebook el 25 de octubre, en el que además hizo responsables de cualquier fallecimiento al CEO de la minera, Víctor Gobitz, y al Estado. “Cualquier responsabilidad de muertos, que sepa el Estado y Gobitz que ellos son los responsables. No nosotros”, agregó.
Antamina, que es un ejemplo de minería responsable en el país, según diversos expertos, no había tenido problemas en los últimos tiempos, hasta que asumió Adán Damián como presidente de la comunidad de Aquia, en enero de este año. No es la primera vez que este dirigente lanza amenazas de alto calibre contra la empresa, porque suele tener un discurso radical que ha incluido advertencias públicas de incendiar las instalaciones de la mina.
Pero lo cierto es que este dirigente no representa a toda la población de Aquia, porque el 60% de la misma no es parte de la comunidad que Daminán preside. Por ejemplo, el Frente de Defensa de Aquia ha expresado su preocupación de que las protetas, que incluye el bloqueo de vías y el ataque instalaciones públicas y privadas, afecten las obras que la empresa realiza en beneficio de la localidad.
Cerrón, el azuzador
Así, no parece casual la escalda de violencia de los últimos días, más aún luego de que el dueño del partido de gobierno y sentenciado por corrupcion, Vladimir Cerrón, hizo también un asolapado llamado para radicalizar las protestas. “La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica”, tuiteó.
A esto se suma que tenemos un gobierno que no cree en la inversión privada ni en la minería, pese a que es la actividad que más recursos aporta al Estado. Ahora es Antamina, pero también hubo violencia la semana pasada en Ayacucho, donde vándalos quemaron el campamanento minero de Breapampa, y existen conflictos mineros latentes y potenciales en Las Bambas, Cerro Verde o Yanacocha, que son grandes operaciones que reportan ingresos significativos para el país por concepto de tributos.
Esta situación de inestabilidad e incertidumbre impacta en las expectativas de inversión para el país, como lo advirtió el presidente del BCR, Julio Velarde; también presiona al alza el tipo de cambio. El dólar volvió a estar por encima de los S/ 4.00 y los precios siguen subiendo, porque la inflación en lo va del año ya está en 5.73%, muy por encima del rango meta del BCR.
- DATO: Antes de ser agitador, Damián Gamarra, que es un ingeniero agrónomo de 34 años, fue proveedor del Estado, con el que contrató por más de S/230 mil. En el 2017, fue proveedor por S/29,271.17, el 2018 por S/99,843.87 y el 2019 por S/62,459.22. Nada menos.