Hace algunos días, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, advirtió que una tercera ola en el país sería mixta, es decir, impactaría no solo a los pacientes con coronavirus, sino también a aquellos con enfermedades no atendidas durante la pandemia; por ello, considera, esta sería peor que la segunda ola si no se toman acciones.
Entre otras condiciones desatendidas, se encuentra el VIH, virus con el que viven alrededor de 87.000 peruanos, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. Según una reciente encuesta elaborada por CENDEIT, la mayoría de personas seropositvas vive y recibe tratamiento principalmente en Lima y Callao, observándose además que más del 5% debe desplazarse de su región de residencia para acceder a tratamiento. Asimismo, que la gran mayoría de la población con VIH se atiende en establecimientos públicos de salud, principalmente del Seguro Integral de Salud (SIS).
El estudio además revela que, antes de marzo de 2020, el 18% de encuestados tuvo problemas para acceder a servicios de salud -sobre todo en regiones distintas a Lima y Callao-, pero es con el inicio de la pandemia que esa situación se agrava de manera considerable, de modo que el 68% declaró haber tenido algún problema con el acceso a servicios de salud.
A mayor detalle, se muestra que el principal problema identificado es la postergación o reprogramación de exámenes clínicos (laboratorio, ecografías, radiografías y otros); le siguen la reprogramación de citas médicas y el acceso a medicamentos. Sobre esto último, los pacientes comentan que algunos centros de salud presentaron desabastecimiento y/o que les cambiaron las medicinas que usaban regularmente.
Finalmente, la encuesta muestra un resultado revelador y preocupante: un 89.8% de quienes tuvieron problemas para acceder a servicios de salud, vio empeorada su condición médica desde el inicio de la pandemia.
Por su parte, Roberto Gamio y Rafael Nieto, activistas VIH, echan luces sobre dos temas relevantes. En primer lugar, sobre la necesaria atención que merece la situación de quienes tienen VIH y viven en la selva del país. Al respecto, Gamio apunta que “en el caso de la selva, hay una crisis urgente de VIH justamente por el poco alcance que tiene el Estado”; asimismo, Nieto señala que conoce muchos casos de personas de la selva que, durante la pandemia, no han tenido acceso ni a pruebas ni a centros de salud para obtener su diagnóstico.
Por su parte, ambos son enfáticos en la necesaria capacitación del personal de salud en dos aspectos fundamentales: el trato adecuado a cualquier paciente que cuente con un diagnóstico relacionado a ETS (enfermedades de transmisión sexual), dada la difícil carga emocional y social que conlleva tener una condición de ese tipo, y de otro lado, sobre todos los tratamientos aprobados por el Ministerio de Salud disponibles para distribución a todo paciente que lo requiera.
Sobre lo primero, Roberto comenta: “El simple hecho de que un vigilante diga que la gente con VIH haga fila aquí, hace que se dé la vuelta y se vaya justamente por todo el prejuicio que existe (…) es necesaria la capacitación a estos centros. Un vigilante haciendo comentarios fuera de lugar puede poner en peligro la salud de una persona.”. Sobre el segundo punto Rafael señala que “he mandado a chicos al MINSA, al hospital, diciéndoles anda que ahí te dan (refiriéndose al PEP, tratamiento de emergencia) y los han regresado a la casa diciéndoles ¿qué es eso? Acá no existe”.
Esta es una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Si bien la contención de la Covid-19 y la necesaria inmunización de la población son prioridades del gobierno, y en concreto del Ministerio de Salud, hay miles de peruanos con otras patologías que esperan recibir no solo el acceso a medicamentos y tratamientos necesarios, sino además de una atención digna y de calidad. El caso de quienes viven con VIH+ es solo la muestra de las muchas falencias que los pacientes peruanos afrontan en el sistema de salud.