¡Ahora sí! Después que las bancadas que conforman el Congreso se pusieron de acuerdo y se distribuyeron los grupos de trabajo, también conocidas como comisiones ordinarias, se puede decir que ya está estructurado el Parlamento para que comiencen a chambear por el país.
Una comisión a la que debemos darle un ojo, con su pestaña y ceja incluida, es la de presupuesto. ¿Por qué? Porque todos los años se prepara un presupuesto del Estado, donde se detallan los ingresos que recibirá (tanto por recaudación de impuestos, contribuciones y tasas, así como por deuda que levantará en los mercados) y todos los gastos (corriente, de capital y por servicio de deuda) en que debe incurrir para proveer de bienes y servicios públicos de calidad.
El proceso de creación del presupuesto tiene cinco etapas: la programación, su formulación, aprobación, ejecución y su evaluación. ¿En qué parte actualmente nos encontramos? Entre la primera y segunda. Es decir, en la primera, porque todavía algunos organismos que conforman a Leviatán, perdón… al Estado, no terminan su programa de propuesta de Presupuesto Institucional (con el detalle de objetivos, prioridades y metas) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras recibe esa información, va creando un anteproyecto (el borrador) donde define la demanda de gasto y hace un estimado de cómo repartir el presupuesto.
Mientras van cerrando la primera etapa, el MEF, con la información que ya dispone, genera prioridades en base al déficit de servicios públicos y sus fuentes de financiamiento. Cuando finalizan ambas etapas, pasan a la tercera. Aquí, el MEF después de decir “tú si”, “tú no”, “no me caes”, “a ti no te doy nada” y con el proyecto terminado, lo manda al Congreso, para que lo apruebe mediante una ley. ¿Qué comisión recibe ese proyecto y lo comienza a evaluar? La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (así se llama oficialmente).
Por eso, esa comisión es sumamente preciada. Para que se den una idea, es la segunda comisión (después de la descentralización) con más integrantes al tener 21 miembros. Y según la historia de los congresos, en el tema de accesitarios (si un miembro titular se enferma o lo suspenden, entra este), posiblemente, será la comisión que más miembros llegue a tener. ¿Por qué nuestros padres de la patria valoran tanto esa comisión? Porque los congresistas no tiene iniciativa de gasto. Hasta la misma Constitución lo dice en su artículo 79. ¿Qué quiere decir?
Imagina una realidad paralela donde los 130 congresistas pueden decidir qué proyectos se ejecutarán en cada una las regiones que representan. Según un estudio de la consultora EY, Proinversión y el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), la brecha en infraestructura a nivel nacional asciende a más de S/393 mil millones. Como muestra la gráfica N°1, es más de dos veces todo el presupuesto de la nación para el 2021. Si en esta realidad, los congresistas tomaran la decisión de aprobar un 5% para ir reduciendo esa brecha, la presión por recursos (que son escasos) serían inmensos (S/20 mil millones más). Por ello, se les prohíbe proponer gastar.
Sin embargo, siempre hay manera de sacarle la vuelta a las normas. Dentro del presupuesto, existe un mecanismo llamado Anexo N°5. Es una lista, gigante, de proyectos posiblemente necesarios en muchas regiones, pero que se introducen por presiones de los miembros de la misma Comisión de Presupuesto. Pueden introducir su sistema de riesgo, su carretera o su proyecto de electrificación, solo por el poder de pertenecer a la comisión.
Lo peor es que, como decimos, siendo los recursos escasos, a veces los proyectos que priorizan los congresistas que están en la comisión no son importantes ni tampoco prioritarios o ni siquiera poseen un expediente técnico que avale su realización. Para este año (o legislatura), el presidente de la Comisión de Presupuesto la dirigirá otro Acuña, Héctor, hermano del presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña (¿cuántos hermanos tiene ese señor?). Echemos ojitos a lo que hagan en esa comisión.
Y echemos también ojitos a la ejecución. Como mostramos en la gráfica anterior, para el 2021, el presupuesto fue un 3.2% mayor respecto al 2020. Dadas las diversas necesidades sociales básicas que nuestro país posee, la ejecución de estos recursos debería ser prioritaria. Sin embargo, al acumulado de agosto (ya más de la mitad del año), solo se ha ejecutado un 48% del presupuesto.
Una nueva administración entró a gobernar. Eso es obvio, lo cual retrasa los avances en la inversión. Pero, si de verdad el nuevo gobierno desea hacer cambios, tiene que enfocarse no solo que el aparato público gaste, sino que lo haga de forma transparente y de manera que gestione eficientemente los recursos. Si no, seguiremos desperdiciando los recursos que, como digo, son escasos.