Si algo ha quedado en evidencia en estos primeros 100 días de gobierno, es la intención del presidente Pedro Castillo de copar instituciones del Estado con personas afines a sus objetivos e intereses políticos, en perjuicio sobre todo de las millones de personas que, de buena fe, votaron por él porque creían que habría un cambio, pero lo que vemos hoy es más de lo mismo: la repartija del poder. Lo vimos desde la conformación de su primer gabinete ministerial, desde el Mininter, pasando por el Minedu, hasta el MTC, donde mantiene a un ministro cuestionado que está decidido a desmantelar los pocos avances del sector.
El ministro Juan Francisco Silva Villegas no solo ha pactado con mafias del transporte informal que se oponen a las pocas reformas del sector que se han logrado, a trompicones, sino que insiste en nombrar en cargos claves a personas con prontuario.
Esta misma semana designó como jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) a Doris Alzamora Chamorro, una abogada con denuncias de robo en supermercados. Ante los cuestionamientos, tuvo que renunciar a esa designación, apenas cuatro días después de su nombramiento. A ello se suma la intención de Silva de desmantelar la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) en Lima y Callao como parte del acuerdo con los transportistas ilegales.
Ahora el problema está en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), donde ya al inicio de su gestión, en agosto, Silva Villegas nombró como directora a Natalia Jiménez, una joven abogada sin experiencia ligada a Perú Libre. Ante el escándalo, tuvo que retroceder, pero el 27 de octubre pasado designó en ese mismo cargo clave a Víctor Valdivia, un funcionario que afronta nueve procesos penales.
Valdivia tiene denuncias en fiscalía por varios delitos, desde peculado hasta violencia familiar. Incluso fue detenido con orden de captura en 2014, reveló El Comercio. Sus problemas con la justicia empezaron en el 2008, cuando fue imputado como autor del delito de desobediencia y resistencia a una orden oficial. Luego, en el 2012, 2015 y 2016 registra otras denuncias penales por falsificación documentaria y falsedad ideológica .
Con esos antecedentes llega a Provías, que maneja un presupuesto de S/770 millones para ejecutar obras de infrastructura vial y atender la demanda de proyectos de los gobiernos regionales y de las municipalidades que solicitan recursos para caminos vecinales y departamentales en todo el país. Es un cargo que si no se maneja de forma técnica, se presta para el clientelismo político.
Se salva de la interpelación
Pese todo lo expuesto, el ministro Juan Silva se ha salvado de la interpelación en el Congreso. Al menos por ahora. La moción no se aprobó gracias a los votos en contra de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, lo cual no sorprende. Pero lo que llamó la atención fueron las abstenciones mayoritarias de Fuerza Popular y Acción Popular.
El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, justificó la abstención de su bancada, pese a que habían firmado la moción contra Silva que no se llegó a aprobar. Según dijo, primero se quieren concentrar en la interpelación y eventual censura del ministro de Defensa, Walter Ayala, por el caso de los ascensos en las FFAA, un escándalo con consecuencias penales que implica directamente al presidente Castillo.