Los primeros cinco días del gestión del presidente Pedro Castillo han estado marcados por la oscuridad: desde la violación de normas y protocolos, pasando por designaciones ministeriales cuestionadas, hasta la falta de transparencia, entre otros. Si algo ha quedado claro es que lo que buscará el nuevo gobierno es implementar un proyecto radical y autoritario, que busca capturar las instituciones del Estado para sus propios fines.
Castillo empezó mal desde antes que asuma el poder. No tenía jefe de gabinete ni ministros definidos; luego, el día que juró el cargo, el mandatario permitió que dos hombres de su entorno y confianza, Richard Rojas y Bruno Pacheco, que lo acompañan desde la campaña, reciban honores de Estado, lo que está destinado solo a la investidura presidencial. Como se sabe, estos dos personajes no se le separan ningún momento. “Lo único que hacen es usurpar los honores que no les corresponda”, dijo en Panorama José Cevasco, exoficial del Congreso.
Bruno Pacheco, compañero de lucha sindical de Castillo en la Fenatep, ha sido nombrado secretario general del Despecho Presidencial, un cargo para que el que no tendría la credenciales. Es profesor de biología y fue director de la escuela Los Incas. Tiene además denuncias policiales por violencia familiar. Su expareja y madre de tres hijos lo demandó en 2009.
Richard Rojas es secretario de organización de Perú Libre y muy cercano al jefe del partido, Vladimir Cerrón, quien incluso intentó retirar 300 mil soles de su cuenta de ahorros a través de un cheque de gerencia a nombre de este personaje. Rojas, que tiene estudios universitarios no concluidos en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, está implicado además en el caso de ‘Los dinámicos del centro’. No tiene un cargo formal en el gobierno, pero acompaña en casi todas sus actividades a Castillo. Es como los ojos y oídos de Cerrón en cada movimiento que hace el presidente.
Gabinete de choque sin legitimidad
Luego vino la designación de su gabinete, en medio de idas y venidas y pugnas internas, con varios nombres cuestionados, sin las credenciales ni la experiencia para ocupar cargos de ministros de Estado. Desde el jefe de gabinete, Guido Bellido, que es un apologeta de terroristas, misógino y homofóbico, hasta personajes con pasado oscuro y sin experiencia sectorial en carteras claves como Defensa, Trabajo, Relaciones Exteriores y el MTC.
La cereza del pastel fue el nombramiento de Juan Carrasco como ministro del Interior sin que haya renunciado formalmente como fiscal de crimen organizado. Solo pidió licencia no remunerada pero nunca dijo que asumiría funciones de ministro de Estado. Recién formalizó su alejamiento del Ministerio Público este lunes, pero eso no quita que haya infringido la Ley de la Carrera Fiscal, lo cual invalida su nombramiento.
Cero transparencia
Uno de los anuncios populistas y demagógicos que hizo el día que asumió el mando del país, el 28 de julio, Castillo dijo que no despacharía desde Palacio de Gobierno porque la considera un «símbolo colonial» y que por ello cedería este recinto al nuevo «ministerio de las culturas». Pero ni lo uno ni lo otro se puede hacer.
Y Castillo reculó a regañadientes cinco días después. En un comunicado, se anuncia que el mandatario despachará en Palacio de Gobierno, “en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial”. Pero en este tiempo se reunió con ministros, colaboradores y otras personas en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, que utiliza como centro de operaciones desde el inicio de la segunda vuelta.
El problema con ello es que no hay registro de visitas, ni los motivos de las reuniones, tampoco cámaras que graben todos lo que ahí sucede, como ocurre con el despacho presidencial en Palacio, medidas que buscan la trasparencia y que están reguladas por la ley de gestión de intereses en la administración pública (Ley 28024). Esta norma incluye al presidente de la República como el primer funcionario que debe cumplir con estos criterios.
No hay información pública ni oficial de lo que ha hecho Castillo en estos cinco días en su búnker de Breña, lo cual ya es una violación flagrante a la ley, según expertos. Esos datos deben actualizarse en el portal de transparencia, porque es una obligación. La responsabilidad administrativa de esta irregularidad recae en la Secretaría General de Palacio, en manos de Bruno Pacheco, quien sí podría ser sujeto de una acción penal por omisión de funciones.
Usurpación de funciones
Otro tema que ha trascendido es que Cerrón -que no tiene ni puede tener cargos públicos por la sentencia por corrupción que pesa sobre él- estaría siendo resguardado por agentes de seguridad del Estado. Incluso se ha filtrado la información que tendría una oficina en el Centro de Convenciones de Lima. Para nadie es un secreto el poder y la influencia que tiene en el nuevo gobierno -la conformación del gabinete es una muestra de ello-, pero si funge de asesor o consejero de Castillo en las sombras, podría cometer el delito de usurpación de funciones, estipulado en el artículo 361 de Código Penal, advirtió el abogado Carlos Caro.
Todos estos hechos, ocurridos en un corto tiempo, son una señal muy preocupante de lo podría venir y confirman lo que desde Piensa.pe alertamos durante la campaña: el peligro para el país que representa un proyecto radical y autoritario de Castillo, Cerrón y Perú Libre si llegaban al poder.