A estas alturas, queda claro que el anuncio de la premier Mirtha Vásquez de cerrar de forma arbitraria y unilateral cuatro operaciones mineras en Ayacucho, es un golpe a la buena imagen internacional y la credibilidad que había logrado construir el Perú en los últimos años, lo que pone en riesgo las inversiones, la recuperación del empleo y la reactivación económica del país.
Vulnera además el estado de derecho y la estabilidad jurídica en el país, y destruye además el discurso a favor de las inversiones del presidente Pedro Castillo y del ministro de Economía, Pedro Francke, durante la última CADE. De paso, es la confirmación que estamos ante un gobierno marcado por la improvisación, el copamiento del Estado y las abiertas mentiras.
“Quiero anunciar que, respecto a las cuatro mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, dijo Mirtha Vásquez desde Ayacucho el viernes pasado, tras firmar un acta con dirigentes de algunas zonas.
La controversial medida afecta las operaciones de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. Estas dos últimas minas, del Grupo Hochschild, no tienen ningún proceso administrativo, sanción ambiental, o investigación pendiente, y además tenían planes de inversión en curso.
Pallacanta había estimado invertir US$21.3 millones y la mina Inmaculada unos US$4,436 millones. Incluso Apumayo adelantó su intención de invertir US$4 millones. A fines del mes pasado, el campamento de esta última mina fue destruido y quemado por grupos radicales vinculados al Movadef, como reveló la Unidad de Inteligencia de Piensa.pe.
Estas operaciones mineras además implican miles de puestos de trabajo, cientos de millones de soles en impuestos y otros tantos millones en canon y regalías para Ayacucho. Precisamente, este domingo, trabajadores de las empresas afectadas protestaron por lo que consideran una medida arbitraria e ilegal.
“¡No al desempleo! ¡Queremos trabajar! ¡Abajo este gobierno incapaz!”, gritaban empleados de la empresa Ares. A esa protesta se sumaron los 5,300 empleados de la minera agrupados en tres sindicatos, quienes afirmaron en un comunicado que, de concretarse el cese, “perjudicaría a miles de familias y cientos de proveedores”.
El cierre de esas unidades mineras también afectaría la cadena productiva y laboral que genera la industria, en especial a las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Mientras nos esforzamos por recuperarnos, vemos con indignación las acciones que afecta a la cadena de proveedores de las pymes”, dijo Julio Surco, de Asociación Pyme Perú.
De espaldas al pueblo
Pero no solo las empresas, los trabajadores y proveedores que se verían afectados, directa e indirectamente, con el cese de operaciones de las mencionadas unidades mineras han expresado su rechazo al anuncio de la premier Mirtha Vásquez.
También lo hicieron las comunidades del sur de Ayacucho, en concreto de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar de Sara Sara. En un comunicado, aseguran que no conocen a las personas que participaron en la Mesa de Diálogo de Alto Nivel con la jefa del gabinete, por lo que la comunidad campesina desconoce el acuerdo suscrito.
En el documento señalan que sus comunidades se verán afectadas en las oportunidades laborales, que perjudicarían a más de 5,000 trabajadores y a sus familias.
¿Se distancia de Mirtha Vásquez?
En medio de esta nueva controversia, el presidente Pedro Castillo se pronunció desde Arequipa sobre el anuncio del cierre de cuatro unidades mineras de Ayacucho que hizo Mirtha Vásquez.
“No ha existido ni existirán decisiones unilaterales, ni arbitrarias y al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales y las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos”, dijo el mandatario.
El problema con ello es que no sería la primera vez que el presidente Castillo dice algo, pero luego hace otra. Las contradicciones en su proceder han sido una constante en estos casi cuatro meses de gestión.
El que sí marcó distancia es el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, quien sostuvo en Punto Final que las empresas pueden solicitar ampliación de su plan de cierre, pues este es “cambiante y móvil”, una postura muy distinta a la de Mirtha Vásquez, que es una conocida antiminera.
Precisamente, Piensa.pe pudo averiguar que, a partir de este miércoles, el viceministro Chávez se empezará a reunir con representantes de las empresas afectadas.
¿Qué son los planes de cierre?
En la PCM han tratado de justificar el anuncio de Mirtha Vásquez al señalar que las operaciones mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada tienen “planes de cierre en curso” y que lo que ha hecho la premier solo “hace referencia al cumplimiento de dicho plan”.
Pero expertos coinciden en que el “plan de cierre” es un documento vivo que las mineras presentan de manera obligatoria (por ley) al iniciar operaciones, pero se modifica y actualiza en el tiempo, a través del diálogo entre las partes. El problema es que la decisión de Mirtha Vásquez fue unilateral, porque no se consultó con las empresas ni con los trabajadores afectados. Y ahora sabemos que tampoco con interlocutores válidos de las comunidades campesinas, que desconocen el acuerdo.
¿Por qué es importante esto? Para que empresa minera invierta en el Perú, debe tener la seguridad de que puede ir modificando su plan de cierre en el tiempo, dentro de lo que exige la ley, y cumpliendo los requisitos ambientales. Entonces, un plan de cierre no es lo mismo que el cierre total de una mina, como parece entenderlo la premier Mirtha Vásquez.
Al iniciar operaciones, una empresa minera presenta además un estudio de factibilidad en el que demuestra que es económicamente rentable hacerlo. Previamente debe haber certificado reservas a través de las actividades de exploración. Luego arranca la fase de explotación donde tiene reservas probadas, y en paralelo va explorando otras zonas para poder certificar más reservas y extender así la vida útil de la mina.
Si las labores de exploración no dan resultados, y por tanto la operación deja de ser rentable, entonces la empresa decide cerrar la mina. Pero en caso se hallara más reservas, la empresa pide a la autoridad competente que extienda el plan de cierre, sobre la base criterios técnicos. Este es el procedimiento administrativo regular.
¿Qué ha pasado con la PCM? Que por razones políticas, la premier Mirtha Vásquez ha decidido el cierre de cuatro operaciones mineras, porque salvo Breapampa, las otras tres unidades productivas tenían planes de extender sus operaciones y han expresado su rechazo a la forma en que la jefe del gabinete ha procedido en este tema, porque destruye la seguridad jurídica que cualquier inversión necesita para desarrollarse en el país.
«De esta manera el Gobierno crea una leyenda para cerrar operaciones mineras de manera ilegal, destruyendo la seguridad jurídica para operaciones mineras, pero envolviéndolas de un halo de legalidad».
Jorge Chávez Blancas, especialista Ambiental y Gerente General de EnvPhys
También hay un hecho con tintes de ilegalidad. No le correspondía a la premier Mirtha Vásquez decidir sobre los «planes de cierre», sino a la Direccion General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero el titular sector, Eduardo González, parece que está pintado en el cargo y ha tenido declaraciones desafortunadas sobre este tema.
«Recién voy a tener una reunión [con la premier] sobre otro tema [diferente al cierre de minas]. Ahora no puedo hablar sobre eso, luego a la salida voy a declarar. [¿Va a conversar con los medios?] Depende de qué medio. [¿A qué medios?] A los que no me hagan problemas ¿Cuáles son? Estoy buscándolos”, dijo antes de ingresar a la sede de la PCM.
Además, la decisión atenta contra el Estado de derecho, y afecta al propio gobierno en su intención de incrementar la recaudación y el empleo formal. Porque sin inversión privada será imposible que lo logre. Tampoco podrá reactivar la economía. Y cuando se va una minera formal, es probable que ese espacio lo ocupen mafias ilegales, que no solo destruyen el medioambiente, sino que financian otro tipo de actividades ilícitas: explotación sexual, trata de personas, narcotráfico, etc. Lo hemos visto en Madre de Dios.