El 14 de octubre pasado se interpuso una demanda de acción popular para que el Poder Judicial anule los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos que se otorgaron a la empresa Tullow Oil sobre los lotes Z-67 y Z-68, ubicados en el mar de Chimbote, en Áncash.
Esta demanda busca anular los Decretos Supremos 016-2020-EM y 017-2020-EM, aprobados en julio de este año por el Ejecutivo, luego de que Perupetro, la agencia estatal encargada de promover los lotes petroleros, cumpliera con los procedimientos legales necesarios de participación ciudadana. La historia de los lotes offshore del norte es algo confusa, pero hay que ver la línea de tiempo completa.
Este procedimiento de participación ciudadana ya es el segundo que se realiza. Recordemos un poco cómo ha sido la historia de la adjucación de estos lotes. Desde el 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la empresa estatal Perupetro buscó colocar para su aprovechamiento cinco lotes petroleros del zócalo marino (Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68) en la costa de los departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Áncash.
En mayo 2017, la empresa Tullow Oil planteó su interés para participar en la exploración de estos lotes. En enero 2018, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem da su opinión favorable y remitió el reporte al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego de la opinión favorable del MEF, en marzo 2018 se emiten cinco decretos que aprueban los contratos de licencia a favor de Tullow Oil.
Sin embargo, en abril de 2018, ya en el gobierno de Martín Vizcarra, se realizó una manifestación en Piura en contra de estos contratos por considerarse que el proceso de participación ciudadana debió efectuarse con mayor transparencia. A pesar de ser adjudicados conforme a la legislación vigente, en mayo 2018, Vizcarra aprueba el Decreto Supremo 011-2018-EM que deroga los cinco contratos de licencia.
En este decreto supremo se establecía que en 120 días se creará un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. Y 205 días después, en enero 2019, se aprobó este nuevo procedimiento a través del Decreto Supremo 002-2019-EM, bajo el cual se volvieron a entregar los lotes en mención.
Batalla legal
Sin embargo, la excongresista del Frente Amplio María Elena Foronda presentó una demanda de acción popular por la entrega de los lotes Z-67 y Z-68 en Áncash, pese a que Perupetro cumplió con el nuevo procedimiento de participación ciudadana, bajo el cual también se entregó exitosamente del lote Z-64 de Tumbes en diciembre del 2019, que no presenta problemas actualmente.
A través de ese recurso, Foronda busca derogar los decretos supremos, ya que considera que “se está concesionando el zócalo marino costero de Áncash para, no sólo evaluar la prospección sísmica y ver qué cantidad de petróleo o gas existe en el fondo marino, sino para las actividades de exploración y explotación”.
Los que promueven esta demanda alegan que el derecho a la participación ciudadana no se ha respetado, debido a que no se realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que implica la exploración y explotación de hidrocarburos. Declaran que hubo poca asistencia de gremios pesqueros y que Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas no respondieron todas las interrogantes de la sociedad civil.
No obstante, esto no es así de acuerdo a Perupetro, que en un comunicado aseguró que cumplió estrictamente con todo el proceso de información y participación ciudadana en esos lotes. Mencionan que desde agosto 2019, durante cinco meses, se sostuvieron reuniones informativas y de sensibilización, tanto con los grupos de interés de la franja costera como con autoridades regionales, provinciales, distritales y locales, así como los gremios de pesca artesanal e industrial; centros poblados, entre otros.
Luego de ello, en diciembre 2019 se desarrollaron nueve Eventos Presenciales Complementarios (EPC), con la participación de 1,500 personas de las localidades de Huarmey, Culebras, Casma, Comandante Noel, Samanco, Nuevo Chimbote, Chimbote, Coishco y Santa. Asimismo, explican que los lotes se encuentran ubicados a 90 km de la costa, por lo que no es posible que afecten las actividades de pesca artesanal.
Tras realizar estos EPC, Perupetro asegura que en los siguientes meses mantuvo contacto con los grupos de interés de la franja costera de Áncash, y se sostuvieron reuniones presenciales con pescadores artesanales de Huarmey, Casma y Samanco. Asimismo, con el objetivo de afianzar las relaciones con la comunidad, la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de Perupetro elaboró un Plan de Gestión Social en Áncash para el primer semestre del 2020.
Es recién luego de todas estas actividades que el Ejecutivo emite los decretos para entregar los lotes Z-67 y Z-68. Incluso Perupetro siguió haciendo una campaña informativa en medios de comunicación y grupos de interés para aclarar dudas de la población respecto a la actividad de hidrocarburos en el mar y las normas ambientales que rigen la actividad.
Pero algo no huele bien…
Entonces, ¿quién tiene la razón?¿qué intereses hay detrás de la oposición de ciertos sectores, pese a que se han cumplido los procedimientos en el caso de los lotes petroleros en Chimbote? Fuentes del sector consultadas por Piensa.pe sostienen que el mecanismo de participación ciudadana no implica un «derecho a veto».
Se trata más bien de recoger las opiniones y preocupaciones de la gente para sociabilizar los proyectos, que en el caso de los lotes Z-67 y Z-68 se hicieron conforme a la norma; es decir, se hicieron convocatorias abiertas a todos los ciudadanos de las zonas de influencias para dialogar sobre sus dudas e inquietudes, pero nuestras fuentes señalan que existen grupos que buscan boicotear este mecanismo, al no asistir a esas reuniones y promover que otros tampoco lo hagan, con el objetivo de luego «invalidar el proceso».
De hecho, en el informe sobre los lotes Z-67 y Z-68 que Perupetro presenta al Ministerio de Energía y Minas (Minem), con todos los detalles sobre la participación ciudadana, se señala que todo está en orden y por ello el Minem aprobó la entrega de las licencias respectivas.
Las actividades de hidrocarburos y pesca coexisten en el país desde hace más de 30 años, y generan empleo y oportunidades para miles de peruanos. Los lotes Z-67 y Z-68 podrían llegar a producir entre 7 y 9 millones de barriles al año, lo que se estima en 580 millones de soles de canon anual a favor de la región de Ancash, según cálculos de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
¿Entonces, por qué se busca anular un decisión que se tomó conforme a ley? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Será que quienes lucran con la informalidad que reina en muchos sectores de Chimbote no quieren que la legalidad perturbe sus negocios?