El último 21 de enero, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó a su gabinete ministerial en medio de alta expectativa: si su gobierno sería de izquierda radical ¬o socialdemócrata. La nominación del economista Mario Marcel como ministro de Hacienda ha dado una señal positiva, debido a que en su rol como presidente del Banco Central (2016-2021) logró adoptar fuertes medidas para controlar la inflación. Además, de mantener su rol técnico y hacer un contrapeso frente al Parlamento ante la aprobación de leyes para el retiro de ahorros de pensiones.
Marcel se opuso una y otra vez a esta medida. Por ello, ahora se espera que ponga un candado definitivo. El mismo Boric reiteró que no promoverá nuevos retiros de fondos de pensiones en entrevista con CNN. Enfatizó que lo más importante de su programa de gobierno es trabajar por una recuperación económica de los sectores que más lo necesitan, generar empleos formales y las condiciones para garantizar la seguridad social a quienes más lo necesitan.
Este es un claro ejemplo que, más allá de ideologías, cualquier decisión debe basarse en un análisis técnico desprovisto de populismo.
Perú no ha sido ajeno a decisiones para el apluso fácil. Recordemos que, entre el 2020 y 2021, el Ejecutivo y el Congreso autorizaron cinco retiros del ahorro de afiliados a las AFP (ver cuadro), pese a las advertencias de instituciones técnicas, que generaron que 5.6 millones de afiliados retiren S/65,923 millones de sus fondos previsionales por la pandemia, lo que equivale al 8.1% del PBI. Con ello, al menos un 70% de afiliados activos retiraron total o parcialmente su dinero.
Si bien la intención era ayudar a quienes fueron afectados por la crisis, la falta de focalización de la medida provocó que retiren sus ahorros de jubilación personas que no lo necesitaban.
El quinto retiro (Ley 31192), el menos acotado, ascendió a S/ 32,200 (49% del total). Los más jñóvenes, de entre 31 y 40 años, retiraron el mayor porcentaje de sus cuentas previsionales (20% de sus fondos).
Ahora, cerca de 2.4 millones de afiliados no tendrán pensión, lo que representa un riesgo de vulnerabilidad económica para su vejez.
En el 2022, estas medidas podrían continuar. El Congreso ha recibido tres propuestas para el retiro de fondos. El proyecto N° 00929/2021-CR (Perú Libre), plantea el retiro del 100% de ahorros en 30 días calendario, para todos los afiliados de las AFP. El proyecto N° 01117/2021-CR (Podemos), propone el retiro de hasta 50% de los fondos de cualquier afiliado para la compra o amortización de un primer inmueble, o el pago de deudas bancarias.
La última iniciativa, propuesta por el congresista José Luna Gálvez (Podemos), propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT, que este año equivaldría a S/ 18,400, para los afiliados que no hayan realizado aportes por tres meses consecutivos. Y quienes sí registren aportes solo retirarían hasta 2 UIT (S/ 9,200).
Y la reforma previsonal, ¿para cuándo?
En Perú no hay voluntad política para una reforma previsional, que es urgente. En el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), donde los aportes van a un fondo común que –se supone– financia las pensiones de quienes se jubilan, solo un tercio de afiliados recibe pensión, porque se exigen al menos 20 años de aportes.
En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), donde cada aportante tiene una cuenta individual administrada por las AFP, los afiliados reciben una pensión, pero esta puede ser muy pequeña si no aportaron en toda su vida laboral. Y como los trabajadores en Perú aportan en promedio solo el 40% del tiempo, las pensiones de las AFP son de S/1.100 en promedio.
Además de la poca cobertura, son muy pocos los que ahorran para su vejez. Menos de la mitad de la población en edad de trabajar está en alguno de los dos sistemas y el 80% de trabajadores es informal. Así, 7 de cada 10 peruanos mayores a 60 años no reciben pensión.
Ambos sistemas requieren cambios. Las AFP pueden complementarse con nuevas alternativas de afiliación, nuevos productos e incluso nuevos actores para que logren incorporar a más personas al sistema. Otra alternativa sería otorgar incentivos tributarios para que el aporte sea voluntario; por ejemplo, que parte del IGV vaya a un fondo de pensiones.
El sistema público, administrado por la ONP, debería desaparecer progresivamente, pues no es sostenible a largo plazo. Está desfinanciado y constituye un costo para los contribuyentes que financian alrededor del 15% de las pensiones. El rol del Estado debe centrarse en atender a los más vulnerables quienes y en promover el desarrollo de este mercado.