Este año 2022 inició bastante movido a nivel judicial y político. Varios de los casos más relevantes para el sistema de justicia peruano verán nuevos desarrollos y etapas en enero, algunos, incluso, deben resolverse en los próximos días y podrían significar el encarcelamiento de más de un personaje vinculado al gobierno.
Por ejemplo, durante este mes se darán a conocer las sentencias para el congresista Guillermo Bermejo y el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien además acaba de iniciar un nuevo juicio oral por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.
La apertura de este nuevo juicio se inició el último miércoles, y estuvo a cargo del magistrado Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín. Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó su acusación y pidió cuatro años de prisión para los procesados, en los que se incluye a Cerrón y otros exfuncionarios del gobierno regional de Junín.
La audiencia había sido prevista para el viernes 7 de enero, pero se postergó ante el fallecimiento del abogado Enrique Encina Quispe, quien defendía a los acusados Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón. Ya anteriormente se había postergado la instalación de este juicio, el cual debió haberse iniciado el 19 de noviembre del 2021.
Pero, así como inicia un nuevo proceso, en los siguientes días Cerrón también debe recibir sentencia por la investigación a su gestión como gobernador regional de Junín y específicamente a la obra ‘Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro’, proceso por el cual se ha pedido 2 años y 11 meses de prisión.
El último lunes (10 de enero) el caso entró en el tramo final con la presentación de pruebas adicionales de parte de las defensas. Culminada esta etapa, corresponderían los alegatos finales de las partes y luego se pasará a la lectura de sentencia, prevista para la última semana de este mes.
Bermejo en la mira
El caso del congresista Guillermo Bermejo, hasta hace unos días líder de la bancada de Perú Libre y hoy presunto rival político del lápiz -o al menos distanciado de sus excamaradas-, también entra en la recta final. A él se le acusa por su presunta vinculación con dirigentes terroristas de Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.
De acuerdo a la agenda del Poder Judicial, en la audiencia realizada el 5 de enero, el Ministerio Público expuso sus argumentos finales contra Bermejo, mientras que el último miércoles (12 de enero) se dio lugar a los alegatos de cierre de la defensa del congresista y del propio acusado.
Terminada esta audiencia, que al cierre de esta edición todavía no culminaba, se fijará una fecha para la lectura de la sentencia. Desde la defensa del congresista, indican que esta sería el 19 de enero, de no mediar una postergación.
“De que en el mes de enero se acaba [el juicio], se acaba, eso sí (…) Estoy seguro de que vamos a obtener una sentencia absolutoria”, declaró en El Comercio el abogado Ronald Atencio, defensor de Bermejo.
Por tratarse de un caso de terrorismo, la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para el exintegrante de la bancada de Perú Libre. El legislador y su defensa, sin embargo, rechazan la acusación y han anunciado, incluso, que podrían interponer un recurso de nulidad si se ven afectados por la sentencia, la cual sería elevada a la Corte Suprema.
Polémica suspensión
El caso del profesor Pedro Castillo, por su parte, tiene un matiz distinto. La inmunidad que le otorga el haber sido elegido presidente de la República lo exonera de todo proceso y/o acusación penal durante el ejercicio de su función, aunque la ley no lo exime precisamente de ser investigado.
Por ello la polémica desatada tras la apertura e inmediata suspensión de la investigación preliminar en su contra, por decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien dispuso postergar todas las diligencias hasta julio del 2026, cuando termine su mandato presidencial.
Pero recapitulemos un poco en el tema. Zoraida Ávalos abrió investigación preliminar a Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar a Castillo Terrones por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Pero esta investigación preliminar al presidente fue suspendida casi en el acto, amparada en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
“Desde mi punto de vista, esto es un saludo a la bandera. Es ‘abro, pero no abro, abro, pero no investigo’. Entonces es un absurdo, porque la consecuencia lógica de abrir investigación es justamente la realización de actos de investigación (…) Entonces no está cumpliendo su finalidad este acto procesal”, dijo en RPP la exprocuradora Katherine Ampuero.
Pero no fue la única que se pronunció al respecto. El constitucionalista Omar Cairo, en La República, también discrepó de la decisión tomada por Ávalos. “Investigar sí se puede, no está prohibido. La Fiscalía de la Nación puede decidir iniciar o no una investigación, pero el artículo 117 no le impide realizarla”, señaló, y resaltó que en estos cinco años se podrían realizar investigaciones, cuya información ya no podría ser recaudada en el 2026.
Otro constitucionalista que también lamentó la decisión de Ávalos fue Luciano López, quien a través de sus redes sociales calificó la suspensión de la investigación como “absurda”.
“Decisión de la fiscal de la Nación, con todo respeto, es absurda. Abrir investigación contra el presidente para inmediatamente suspenderla, no es acorde con inmunidad de acusación (no de investigación) que señala el artículo 117 de la Constitución del 93. Ese criterio lo puso en práctica con Vizcarra. Lamentable”, escribió en un tuit.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que pasados los cinco años del gobierno de Pedro Castillo es muy difícil que una investigación pueda conocer la verdad. “No hay ninguna remota posibilidad de conocer la verdad luego de pasados cuatro o cinco años, muy poca posibilidad (…) creo que la Fiscalía ha hecho una lectura ortodoxa, histórica pero equivocada”, declaró en RPP.
Asimismo, el procurador general del Estado, Daniel Soria, analiza qué acciones tomar tras cuestionar la suspensión de la investigación contra Pedro Castillo. “Estamos evaluando qué caminos adicionales transitar. Por ser un conflicto de interpretación constitucional, el llamado a solucionarlo es el juez constitucional, que está en el Poder Judicial y en el TC, el cual es el supremo intérprete de la Constitución”, dijo ante la prensa luego de ir a una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización.
El año 2022 ha iniciado bastante agitado y, entre decisiones cuestionadas y juicios que inician y/o terminan, parece que más de una cabeza podría rodar en el entorno más cercano de este gobierno.