“No más AFP en el Perú, porque explota a los trabajadores”. Así, con esta frase, el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) ha ratificado su intención de desaparecer el sistema privado de pensiones (SPP), que tiene 7 millones de afiliados, para dar paso a un «Banco de los Trabajadores», que también vería el tema pensionario.
Al parecer, Castillo Terrones no ha abandonado el «ideario» del jefe de su partido, Vladimir Cerrón, el cual fue presentado al JNE para inscribir su candidatura. Ahí se señala que el sistema privado “tiene un fin lucrativo” y que los dueños de las administradora de fondos de pensiones (AFP) se benefician “con los mejores porcentajes”.
“Nuestra postura es fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y eliminar paulatinamente el SPP, pues este último tiene un fin lucrativo al cobrar porcentajes de hasta 30% solo por administrar los aportes, un robo a todas luces, entregando pensiones miserables”, se lee en las páginas 42 y 43 de ese ideario.
Pero eso tampoco es cierto. Las AFP cobran comisiones, pero no del 30% como dice Perú Libre. El máximo de comisión que cobran es de 1.69% de la remuneración, en la comisión por flujo; en la comisión mixta 1.25%. No es ni el 2% de la remuneración.
Aunque no hay detalles ni sustento técnico de la propuesta, se sabe que el camino para eliminar el SPP sería vía la Asamblea Nacional Constituyente que convocaría Castillo en un eventual gobierno, pese a que se trata de un mecanismo que no está contemplado en el ordenamiento actual del país; o sea, de hacerlo, se quebrantaría el orden constitucional.
Como en otros temas, Castillo Terrones no ha querido precisar su postura sobre este tema al ser consultado por periodistas que cubren su campaña. El que sí habló fue Hernando Cevallos, integrante del equipo de Perú Libre, sostiene que no están hablando de eliminar las AFP, “por lo menos en este momento, no hay ningún planteamiento en ese sentido”.
Aunque sostiene que respetarán los depósitos privados, sí se habla de «frenar» a las AFP. «No puede haber más usuras ni las comisiones que están pagando, no puede haber pensiones de las AFP miserables que cobran las personas. Ese tema hay que revisarlo», expresó.
El economista Pedro Francke afirma que la propuesta que llevan desde Juntos por el Perú -aliado de Perú Libre en esta segunda vuelta- es «acabar con el sistema de AFP», aunque señala que se respetarán los ahorros privados.
No hay dudas que se necesita una reforma previsional que ataque los problemas estructurales que provocan que haya poca cobertura y pensiones bajas, pero el camino no es estatizar todo el sistema.
Antecedentes: el caso argentino
Pero más allá de las formas, que son importantes, el riesgo que es que en la práctica, el gobierno confiscaría los ahorros privados de pensiones, como lo hizo en 2008 Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que decidió nacionalizar los fondos que gestionaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), entidades privadas como las AFP.
El contexto en el que sucedió esto en Argentina es similar al de ahora en Perú: un gobierno populista adoptó esa medida en medio de una crisis y con un amplio malestar social por la administración privada de los fondos de pensiones. Esos ahorros privados, que en ese entonces bordeaban los 30 mil millones de pesos argentinos, pasaron a manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), entidad adscrita a la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.
“A diferencia de las AFJP, cuyas decisiones de inversión se basaban en el objetivo de maximizar el retorno del capital invertido, el objetivo principal de la política de inversiones del FGS es el desarrollo económico”, se lee en un informe de CEPAL sobre el caso argentino.
Es decir, en lugar de buscar su mayor rentabilidad, esos ahorros privados fueron a financiar gasto público ante los problemas que tenía el gobierno argentino para acceder a mercados internacionales. Según datos de octubre del 2019, 60% se invierte en títulos nacionales, en obras de infraestructura y en préstamos. Por ley, las inversiones en activos en el exterior no pueden ser más del 10%.