El presidente Pedro Castillo ha cumplido apenas un mes en el poder y el desgaste político de su gobierno por las continuas crisis que él mismo generó desde que decidió nombrar a un gabinete insostenible, solo agravan el caos y la incertidumbre que dominan su gestión.
La falta de liderazgo del mandatario se ha hecho más evidente esta semana, en la que ha guardado un peligroso silencio sobre asuntos de suma importancia para la marcha del país y ha evitado tomar decisiones que proyecten claridad sobre el rumbo de su gobierno y que ayuden a calmar la zozobra que hay en el país.
Castillo no ha dado una sola entrevista desde que juró al cargo. Es evidente que no se siente cómodo cuando es confrontado por sus ideas o decisiones y prefiere los discursos en plazas y estrados para lanzar consignas políticas como si aún fuera candidato, o para denunciar algún tipo impreciso -cuando no inexistente- de complot de los ricos y poderosos contra su gobierno. “No vamos a permitir que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieren”, dijo hace dos semanas en Villa María del Triunfo, cuando dejó entrever que el alza de precios en el país era una trama del sector privado.
Lo hizo también esta semana en Satipo, Junín, cuando retó que a los congresistas de oposición a “debatir” en el Vraem, “sin zapatos”, en lugar de tomar decisiones sobre sus ministros con cuestionamientos indefendibles, aclarar las contradicciones entre miembros de su gabinete o confirmar la permanencia de Julio Velarde el BCR que sigue en el limbo, como lo acaba de admitir el mismo ministro de Economía, Pedro Francke, mientras la incertidumbre económica golpea sobre todo a los que menos tienen.
Las regiones, su último ‘bastión’
Pedro Castillo es el presidente de Perú con la aprobación más baja de los últimos 20 años al iniciar su mandato, con una aceptación de apenas 38 %, casi la mitad que algunos de sus predecesores.
El rechazo a Castillo se concentra sobre todo en Lima, donde su desaprobación alcanza el 66 %, símbolo del centralismo y el poder político. Por eso, desde el inicio de su mandato quedó claro que su idea no es tender puentes con el Congreso, porque eligió un ‘gabinete de choque’ para agudizar la confrontación.
Es en las regiones y provincias donde busca el respaldo político que le es esquivo en la capital. Pero lo hace no solo con gestos y discursos populistas y demagogos, sino también medidas concretas. “Reafirmo mi compromiso con los gobiernos regionales y locales para trabajar juntos”, dijo Castillo a mediados de agosto, cuando se reunió con los integrantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en el Centro de Convenciones de Lima.
En la elaboración del presupuesto 2022 se observa la intención por derivar más recursos a las regiones. Así el “Fondo de inversiones” para la ejecución de los proyectos de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tendría un presupuesto de S/2,300 millones para el 2022, el doble de lo que dispone actualmente. Estos fondos son financiados con operaciones de créditos, es decir, deuda.
Además, se aplicará la utilización de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional (Foncor). Este fondo existía teóricamente, pero no en la práctica. El año pasado, mediante la ley Nº 31069, se añadió a Foncor como una nueva fuente de ingresos a nuestro sistema de transferencias intergubernamentales (integrado por Foncomún, Canon y Rentas de Aduanas) y mediante el DU Nº 024-2021, se autorizó su uso excepcional.
Este fondo consiste en la transferencia de 2% del IGV a los gobiernos regionales al 2024, mientras tanto en el 2022 se transfiere 1% y 2023 1.5% del IGV. Es decir, de la tasa de 18% de IGV: 2 puntos porcentuales van para los municipios por Foncomún y otros dos puntos adicionales para los gobiernos regionales por Foncor.
“Como parte del proceso de descentralización, es cierto que nuestros gobiernos regionales y municipios deben ser potenciados, pero antes de priorizar transferencias se necesita capacidad de gestión, ya que la transferencia apresurada de funciones no garantizó que los gobiernos subnacionales cuenten con las capacidades necesarias para cumplirlas adecuadamente”, explica Lucero Martínez, economista de la Asociación de Contribuyentes.
¿La razón? Que el plan integral de capacitación que los ministerios desarrollaron para fortalecer las capacidades de prestación de servicios en las regiones no fue permanente. Como resultado tenemos que, en los últimos años, han retornado al Tesoro Público entre el 35% y 40% de su presupuesto de inversión pública. “Si bien este presupuesto de inversión pública no utilizado retorna al Estado, en el caso de transferencias de recursos tipo Foncomún, Canon y en este caso Foncor, se le da los recursos a las regiones y si se no se gasta, el dinero se queda en las cuentas de los gobiernos subnacionales, deteriorando el manejo de la caja y haciendo más difícil su fiscalización”, advierte la especialista.