El presidente Pedro Castillo arremetió contra el Congreso, esta vez al anunciar que el gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la ley que el Legislativo aprobó por insistencia el viernes último y que reafirma que toda reforma de la Constitución debe pasar por el Parlamento primero.
“El Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente”, escribió en un tuit el jefe de Estado.
El tuit tiene dos falacias: la primera, que la ley en cuestión “atenta contra la libertad popular”, porque las modificaciones a los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 que aprobó el Congreso no vulnera ningún principio vigente del derecho ciudadano al referéndum.
Así lo han señalado no solo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sino también la mayoría de especialistas en derecho constitucional de diversas tendencias en el país, que coinciden en que la medida lo que hace solo es reafirmar de manera expresa que no procede un referéndum de reforma constitucional si no se cumple con lo establecido en el artículo 206 de la Constitución.
La norma en mención ya establece ese criterio en su artículo 39 del capítulo V sobre el referéndum y las consultas populares. “Esta ley no solo reitera lo que dice la Constitución sino la ley”, subrayó en RPP el constitucionalista Omar Cairo.
En tanto, la Ley 26300 también establece que todo proceso de reforma constitucional, incluso por iniciativa ciudadana, sigue la suerte de cualquier iniciativa parlamentaria. Es decir, no es posible convocar una asamblea constituyente directamente a través de un referéndum para cambiar la Constitución, sin la participación del Congreso, como pretende Perú Libre.
Otro apunte es que una demanda de inconstitucionalidad no suspende los efectos de la ley ni la ley misma, que entra en vigencia al día siguiente de su promulgación.
La segunda falacia del presidente Castillo es que sostiene que el “pueblo” reclama una asamblea constituyente. No hay ningún sondeo de opinión que respalde esa afirmación. De hecho, la mayoría de ese tipo de estudios confirma que un cambio de Constitución no es prioridad de los ciudadanos. En promedio, apenas un 10% de la población respalda esta medida, que ha sido uno de los principales factores de inestabilidad política y económica del país en los últimos meses. Las principales preocupaciones de los peruanos pasan por la la reactivación económica del país y la recuperación empleo (57%), la vacunación contra la Covid-19 (38 %) y el combate a la corrupción (37 %) y a la delincuencia (35 %).