Los resultados positivos de la llamada ley de promoción agraria en el Perú son innegables. En varias regiones del país, sobre todo de la costa, el empleo formal creció todos estos años, debido a los beneficios tributarios y laborales de esta norma, cuya vigencia en diciembre de 2019 el gobierno amplió hasta el 2031.
Uno de los departamentos que mejores resultados tiene gracias a esta ley es Ica, donde este lunes, a raíz de un paro agrario convocado por un grupo de dirigentes de la zona, se registraron actos de violencia y vandalismo: se bloqueó con piedras y palos el tránsito en la Panamericana Sur, desde el sector del Álamo hasta la zona de expansión urbana Salas Guadalupe, y se destruyó propiedad pública, como la oficina del Senasa, y privada, como locales de empresas agroexportadoras.
El gobierno anunció este martes que una comitiva de alto nivel iba a Ica para dialogar y buscar una solución a esta situación. Y si bien la protesta es un derecho, cualquier acto de violencia debe ser castigado conforme a ley. La Panamericana Sur seguía bloqueada este martes, por segundo día consecutivo, mientras que la Defensoría del Pueblo informó que no ha podido identificar a los líderes de la protesta para iniciar un diálogo.
¿Qué está pasando entonces?
Según algunos manifestantes, hay empresas del sector en Ica que no están cumpliendo con pagarles los beneficios laborales, denuncian sueldos bajos y que no son contratados directamente sino por terceros. Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el problema son las empresas informales que no cumplen la ley.
Pero detrás de estos reclamos, se camuflan otros con un transfondo político evidente, como el de una nueva Constitución, que es parte de la agenda de algunos sectores de la izquierda en el Perú, que ahora además aprovenchan estos problemas para hablar de una «segunda reforma agraria», pese a que la primera -en los 70- fue un desastre para el agro. Lo mismo hicieron durante la última crisis política del país, para promover la llamada «segunda urna» en las elecciones de abril (que ya explicamos acá porqué no es posible).
Entonces, no parece de locos preguntarse, ¿quiénes están detrás o a quiénes beneficia el caos y la inestabilidad en el país? Si en Ica hay empresas que no están cumpliendo la ley y abusan de sus trabajadores, la autoridad, en este caso la Sunafil, debe investigar y sancionar estas prácticas.
Porque no es un problema de la ley agraria, a la que incluso se le han hecho mejoras, cuando se amplió su vigencia. Por ejemplo, se elevó el pago diario del trabajador: pasó de 36,29 soles a 39,19 soles, ajustada al sueldo mínimo vital vigente para el resto de actividades productivas. Pero el impacto más importante está en que el 26 % de las personas que tienen un empleo y están en edad de trabajar en Perú, se concentra en el agro.
En la ley agraria ahora también se ha precisado cuánto de la remuneración del trabajador corresponderá a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y a las gratificaciones. A partir del 2021, la CTS tendrá un valor de 9,72 % del sueldo y las gratificaciones serán equivalentes al 16.66 %. Además, se reconocerán formalmente 30 días de vacaciones. Hay un incremento importante en el aporte a Essalud: antes era de 4 %, ahora será de 6 %.
«No cambiará el Impuesto a la Renta, que se mantiene en 15%, algo positivo para continuar con la promoción del crecimiento del sector. Los contratos mantienen su flexibilidad, importante para un sector muy estacional; sin embargo, se ha aumentado la indemnización. En la ley vigente, el costo por despido injustificado es de 15 remuneraciones diarias hasta un máximo de 120. La nueva, establece 45 remuneraciones diarias hasta 360. Las empresas se verán en la obligación de mejorar sus procesos de contratación por campañas», comenta sobre los cambios a la ley Marco Vinelli, profesor de Esan y exmiembro del directorio de Agrobanco.
¿Todavía no creen?
Hay más datos y evidencia que confirman que la ley de promoción agraria funciona. Desde que está vigente esta norma, las exportaciones agropecuarias pasaron de US$ 620 millones en 2000 a US$ 7,095 millones en 2019: un crecimiento promedio anual del 15%. Y lo no decimos nosotros. Son cifras de la Sunat.
Además, se crearon más de 800,000 empleos formales, lo que permitió que los niveles de pobreza en las personas que se dedican a la actividad agrícola pase de un 82.6% en 2000 a un 34% en 2019. Esto es superior a la reducción de la pobreza nacional, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2019.
Entonces, no nos dejemos confundir y engañar por intereses de sectores que buscan promover su agenda política. La mejor vacuna para ello es la información y el voto responsable en abril próximo.