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Cambios constitucionales: dos caminos, uno ilegal y otro legal

Publicado: 16/09/2021
3 minutos

Mientras Perú Libre recolecta firmas con mentiras y engaños para convocar a una Asamblea Constituyente de forma directa, que es ilegal e inviable, otro colectivo busca cerrarle el paso a esa iniciativa, pero a través de una reforma que respeta el ordenamiento jurídico del país. En el medio, un pueblo que espera que el gobierno se ocupe de los problemas reales del país.

Hay dos formas de hacer cambios constitucionales: una correcta, que respete los trámites y procedimientos legales, y otra como lo pretende hacer Perú Libre, que con engaños y mentiras ha empezado a recolectar firmas para lograr una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

El partido de gobierno ha lanzado una agresiva campaña nacional, que incluye la contratación de espacios en casi un centenar de radios regionales para difundir mensajes plagados de falacias sobre la actual Constitución, como revelamos aquí.

Lo que no se sabe es cómo el partido del lápiz está financiando esta campaña y lo que tampoco explican a las personas que están firmando los planillones que no es viable ni legal que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución. No al menos como pretenden hacerlo.

Todo cambio constitucional, total o parcial, tiene que pasar por el Congreso, donde Perú Libre no tiene mayoría ni los votos para lograrlo. Incluso para insistir en su Asamblea Constituyente tienen que reformar el artículo 206 de la Constitución para incluir esta figura. Ya han presentado un proyecto en ese sentido, pero es poco probable que se apruebe. Entonces, cualquier otro camino es un engaño, como han señalado diversos constitucionalistas.

Bermejo en campaña. ¿Lo estará haciendo con la suya o con la plata del «pueblo»?

Más grave aún es que miembros del gobierno, como la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte, o el congresista oficialista Guillermo Bermejo, se hayan sumado a esta campaña del partido en lugar de trabajar para lo que fueron electos. Bermejo incluso ha viajado en una semana a cuatro regiones: Puno, Chimbote, Huánuco y Huancavelica. Lo que no se sabe es con qué recursos lo está haciendo y lo que es peor, no tiene que rendir cuentas de ello por un vacío legal.

En la vereda en enfrente

En la otra acera está un colectivo ciudadano que ha lanzado una campaña para cerrarle el paso a la principal pretensión de Perú Libre, pero a través de un proyecto de reforma constitucional ante el Parlamento, que es la vía legal para este tipo de cambios, para incluir en el artículo 206 de la Constitución, de manera expresa, que en ningún caso se puede cambiar la Constitución a través de un Asamblea Constituyente.

“Esto significa que todas las reformas de la Constitución tienen que aprobarse a través del Congreso y que todas las reformas van a poder ser controladas en el Tribunal Constitucional”, explica el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, principal promotor de esta iniciativa.

Esta iniciativa ciudadana ya ha recolectado 1 millón de firmas (Difusión)

Este colectivo ya ha logrado reunir más de 1 millón de firmas el último mes. Iniciaron este proceso en Lima y desde agosto en varias regiones, como Ica, Piura, Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Tacna. La campaña se extenderá a Cajamarca, Trujillo, Cusco e Iquitos. En un par de meses más estiman haber recolectado más de 3 millones de rúbricas.

El objetivo es presentar un proyecto de ley con un contundente respaldo popular, para que el Congreso lo tome en consideración. “Nosotros no estamos en contra de los cambios, no defendemos que todo siga igual, ese no es el objetivo. El objetivo es que el cambio constitucional no genere un poder absoluto [a favor de un partido]. Queremos un cambio parcial [de la Constitución] y que este se realice en democracia”, dijo en El Comercio Ghersi.

Esta campaña es “autofinanciada”, según sus promotores, aunque en las últimas semanas ha recibido algunas donaciones de personas naturales, para costear pasajes y hoteles, por ejemplo. Anunciaron que presentarán un informe con los gastos realizados al final del proceso.