Esta pandemia ha generado que aprendamos varios términos o temas médicos (positividad, asintomático, período de incubación, comorbilidad, pruebas rápidas, moleculares, etc.), así como económicos (pensiones, ONP, AFP, bonos, tasas de interés, deudas, beneficios sociales, informalidad, empresa privada, impuestos directos o indirectos, etc.). Uno de los últimos términos que se viene usando con mayor frecuencia es el de bien público.
¿Por qué? Porque es el término que muchos estados, incluyendo el peruano, le han dado a la vacuna contra la Covid-19. La Unión Europea, por ejemplo, la ha clasificado como bien público global. La Unesco, la oficina para la educación, ciencia y cultura de las naciones unidas, solicitó que se catalogue a la vacuna como bien público para que así esté a disposición de todos los países de forma equitativa y no sean reservadas a los que tienen más predisposición a pagar.
Pero, ¿qué es un bien público? En economía, un bien público es aquel que tiene las siguientes dos características: La primera, que no perjudica a nadie consumirlo (no rivalizan). Es decir, consumes un bien, pero eso no afecta a otro consumidor a que también adquiera o consuma ese mismo bien. Como segunda característica, un bien público es aquel que no excluye a nadie. O sea, no hay forma de que le niegues el consumo de un bien a otra persona.
Ejemplos de bienes públicos tenemos al alumbrado público, la defensa nacional, una carretera no congestionada (y en la que no se cobra peaje) o, el típico, función de fuegos artificiales. En los cuatro casos, los bienes se pueden suministrar a cada vez más personas a cero costos y también se proporciona beneficios no exclusivos. Con esta clasificación de bienes no rivales y no exclusivos, los bienes se pueden clasificar en cuatro: bienes públicos (lo que acabamos de ver), bienes privados, monopolios naturales y recursos comunes. Los otros tres tipos, los explicaremos en otra nota.
Dado esto, ¿las vacunas pueden ser catalogadas como bienes públicos? Desde el punto de vista económico, creemos que no. En realidad, son bienes privados, porque existe la rivalidad y la exclusividad del bien. Además, tienen un precio. Aunque el gobierno las ha declarado gratuitas y universales, ello no significa que no cuesten. El estado las está adquiriendo, pero con nuestros impuestos. ¿De forma eficiente y transparente? Creemos que no, pero ese no es el tema. Lo que debemos dejar en claro es que se le da una clasificación económica a un producto que no lo es.
Y otra vez vamos con la misma cantaleta. ¿Es el estado el único que debería encargarse del proceso de vacunación? ¿Por qué no entran los privados? La realidad es que los estados han captado el monopolio para comprar ahorita la vacuna y, también, los fabricantes no se dan abasto para aumentar su producción y satisfacer la demanda. Que las empresas privadas quieran comprar aumentaría la demanda insatisfecha. Pero hay algo más. En otros países, como Israel o aquí cerca nomás, en Chile, que lideran la vacunación en el mundo, son sus Estados los que están vacunando a sus ciudadanos (con apoyo del sector privado en la distribución) y no hay estos debates. ¿Por qué?
Porque son Estados. Así, con mayúscula. Son Estados donde la meritocracia y eficiencia es la norma. Donde puede existir corrupción, pero no es sistémica ni vista como normal. Y ahí donde hay, se la combate. Donde el burócrata sirve al ciudadano y no se sirve de este. Es decir, porque sus ciudadanos confían en su Estado. En una encuesta de enero de la empresa Ipsos, más del 56% de los peruanos estaba a favor de que los privados importen y apliquen la vacuna. Lo más sorprende eran los resultados por nivel socioeconómico. Todos por encima de 50% y en el nivel socioeconómico C, llegaba al 61%.
El ‘Vacunagate‘ involucró a privados y a públicos, pero nació o partió del estado. En la Cancillería, con notables embajadores que negociaban la vacuna, y con altos funcionarios de la Digemid (que depende del Ministerio de Salud) que aprobaban el ingreso de los productos. ¿Todos fueron despedidos, como se dijo? No. Todavía. Ni siquiera pueden ser castigados porque como son nombrados, no se les pueden botar del cargo; si no, van al Poder Judicial para que los repongan (otra incongruencia de la legislación laboral, ya la tocaremos más adelante).
Hoy toda la responsabilidad de la vacunación recae en el estado, que tiene el monopolio de este proceso. Esto ya es una chamba del aparato burocrático y de las decisiones del personal epidemiológico. Por el bien de todos, esperemos que el proceso continúe sin mayores problemas. Por el lado ciudadano, esperemos nuestro turno y tratemos de convencer a aquellas personas que no desean vacunarse.