La estrategia de confrontación del gabinete que encabeza Aníbal Torres se acaba de poner en marcha, al parecer, luego de que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, a la que acusa –sin sustento legal– de organización criminal y conspiración para una rebelión, sedición o motín.
Según Chávez Chino, Alva es parte de un supuesto complot que busca destituir a Pedro Castillo, en línea con la narrativa del “golpe” desplegada por el Ejecutivo y los pocos aliados que le quedan, pese a que la oposición no tiene los votos para una vacancia. En la acusación, la ministra menciona que la titular del Legislativo impulsa cambios en la Constitución para debilitar la figura presidencial.
Además, la titular de Trabajo hace referencia al seminario al que Alva acudió con otros congresistas de diferentes bancadas, en el que participaron además representantes de la sociedad civil y de la fundación alemana Friedrich Naumann, a pesar de que ya quedó demostrado que este evento sobre la crisis política fue público y no secreto ni clandestino como las reuniones en Breña sobre las que el presidente Castillo aún no rinde cuentas.
“El propósito de los asistentes a la reunión de crear nuevas causales para vacar, suspender o destituir constitucionalmente al presidente mediante la modificación de la Carta Magna para someterla a su propósito golpista, dándole a esta una apariencia de legalidad”, se lee en la acusación que no tiene más evidencia que supuestas teorías conspiranoicas.
Encima, la ministra Chávez –que tampoco ha aclarado sus nexos con la mafia de la red Orellana– alega que la denuncia contra Alva la interpuso en su condición de congresista de la República y que en el gabinete no sabían que lo haría, pero lo curioso es que coincide con los ataques a la oposición parlamentaria del premier Aníbal Torres, a la que acusó de “golpista” primero y, luego, la invitó a conversar de cara al voto de confianza.
Sea como fuere, a estas alturas queda claro que en el gobierno no están interesados en solucionar los problemas urgente del país, como la crisis de empleo que evidencian las últimas cifras del INEI (hay más de 260,000 personas con estudios superiores que aún no recuperan sus trabajos desde el 2019), porque no hay capacidad para hacerlo.
Lo que se busca con el actual gabinete es la supervivencia política del régimen, porque en seis meses, el presidente Castillo no ha mostrado la más mínima intención de enmendar el rumbo de su gobierno y, por el contrario, optó por agudizar el caos y las contradicciones mediante la confrontación con el Congreso. Entre tanto, el rechazo y el desencanto populares con la gestión del mandatario crece en todo el país, incluido el centro y sur, con lo que el gobierno parece encaminarse al colapso político de manera inevitable.
«Mientras el pueblo no encuentra trabajo y sobrevive en la informalidad, los miembros del gobierno PL disfrutan de sueldos, auto, chofer, contratan a sus familiares y amigos, se reparten licitaciones, esconden corrupción en los baños. Un desastre. Han estafado al país», comentó el economista y columnista Juan Jose Marthans.