La lucha contra las drogas, que incluye la estrategia de erradicación de cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico, también está en riesgo con la llegada de Luis Barranzuela al Ministerio de Interior (Mininter). En solo unos días en el cargo, este generó una crisis en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
El presidente de Devida, Fidel Pintado Pasapera, renunció al cargo tras los ataques de Barranzuela, quien acusó -sin pruebas ni evidencias- a esa institución de “actos de corrupción, pues ha habido millones de dólares que no se han utilizado provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo alternativo”.
Pintado expresó su “indignación y malestar por el ataque injustificado, pues es un acto de mala fe y agresión pública”, y advirtió que “las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con los principios mínimos de articulación de la política contra las drogas”.
Así, Devida, que está a cargo de diseñar y conducir la «Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas», quedó sin cabeza y a merced de colocar ahí a una persona afín a los intereses de Barranzauela, que además de abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, fue asesor en temas cocaleros del congresista Guillermo Bermejo, quien pretende legalizar los cultivos de hoja de coca a través de un proyecto de ley, bajo la excusa de su industrialización.
De hecho, Barranzuela estuvo en un congreso cocalero a inicios de octubre en el que se le vio azuzar los ánimos de la gente con frases como esta: “El poder está en el Vraem, el poder no está en Lima. (…) ustedes háganse sentir frente al presidente de la República: ¡no a la erradicación de la hoja de coca!”. Ahora, ya como titular del Interior, dice que sus palabras fueron en «sentido figurado».
Para nadie es un secreto que Bermejo y el partido de gobierno lo que pretenden en el fondo es expulsar del Perú a dos entidades que han apoyado al Perú a la lucha antidrogas: la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).
Poco después de reunirse con Bermejo, el mismo día que asumió el cargo, el nuevo ministro del Interior realizó su primer viaje oficial, y lo hizo a la zona cocalera del Vraem. ¿Coincidencia? Y en el medio, se conoció que funcionarios de alto nivel del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal advirtieron, según Perú21, que Barranzuela dispuso la suspensión de las operaciones de interdicción hasta nuevo aviso.
El titular del Interior lo negó, por supuesto “Un ministro de Estado no puede ir en contra del mandato constitucional. Continúan los operativos. La política es el ataque frontal al tráfico de drogas”, dijo en Canal N.
Sin embargo, fuentes de la Policía y del proyecto especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), confirmaron que los operativos de erradicación en el Vraem están suspendidos y aún no hay una nueva fecha para reiniciarlos.
La nueva jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, aseguró que la política antidrogas del gobierno no cambiará, pero es difícil sostenerlo con Barranzuela en Interior, cuya designación ella además avaló. “El tema de Devida, para el gobierno, es una prioridad. Es un tema muy sensible, pretendemos en esta etapa tratar de fortalecerla”, dijo, tras señalar además que el Ejecutivo no contempla “romper convenios con alguna institución, sino que, por el contrario, se evalúa cómo fortalecerlos”. Devida depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es decir, de su despacho.
En la actualidad hay 55.000 hectáreas de hoja de coca en el país, cuya cosecha asciende anualmente a 140.000 toneladas. De estas, 12.000 toneladas son para el consumo tradicional y legal. Dicho de otra forma: el 90% de la hoja de coca va al narcotráfico, por lo que legalizar toda la producción excedente, como pretende Bermejo, es otro despropósito muy peligroso. “Hay que evitar el uso del aspecto tradicional de la hoja de coca para pretender que se convierta en cocaína. Legalizándola no estamos enfrentando al narcotráfico sino todo lo contrario, estaremos ampliando más el problema”, dijo Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
Debido a la pandemia, en el 2020 el Perú solo pudo erradicar 6.000 hectáreas de hoja de coca, pese a que la meta era de 25.000. Este año, las cifras no han mejorado, con lo que es probable que se cierre el 2022 o se inicie el 2023 con más de 100.000 hectáreas de cultivos ilegales. Ya el personal del Corah está vacunado, por lo que no hay pretexto para que el actual gobierno no abra nuevos frentes de erradicación.
El riesgo de esta situación es que el narcotráfico, que corrompe instituciones y gobiernos, se fortalezca y crezca en el país, como en los 90, y que la imagen del Perú en la comunidad internacional se deteriore.
DATO: El excongresista cocalero Walter Acha está en el bolo para asumir la dirección de Devida.