Este 2020, en lo político, fue un desastre. Fue un año marcado por la crisis institucional, debido a la confrontación entre poderes que nos llevaron a tener tres presidentes en una semana y 50 ministros en un mes. Un récord del que ninguna democracia sale ilesa. Y todos estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad, mezquindad y ambición personal de la clase política en general.
Este año fue la demostración de que siempre se puede cavar más hondo. Con un Congreso populista y una institucionalidad débil, todo es posible. A estas alturas, casi nadie podrá decir que no podíamos tener un Congreso peor que el disuelto en septiembre de 2019.
El actual Legislativo, en menos de un año de funcionamiento, no solo agudizó la crisis política con la vacancia de Martín Vizcarra -que por cierto ahora busca evitar responder a la justicia por los graves cargos de corrupción que afronta-, sino que se empeñó en aprobar leyes populistas e ilegales que ponen el riesgo los avances del Perú en los últimos 20 años y la urgente reactivación económica del país.
Eso acaba de pasar con el régimen agrario. El Congreso derogó una ley de promoción del sector que había dado resultados positivos sin mayor reflexión ante la presión de las protestas violentas y ahora no es capaz de lograr aprobar una nueva norma que atienda los problemas de fondo (abusos laborales e informalidad). La propuesta inicial que planteó iba a destruir a las medianas y pequeñas empresas agroexportadoras, por lo que no logró consenso. Seguimos en el limbo, en medio de una incertidumbre de la que se aprovechan grupos radicales para sembrar caos y violencia como se ha visto estos días de bloqueo y vandalismo en varios puntos la Panamericana Norte y Sur.
Pero las señales de que este Parlamento es mucho más peligroso que el anterior empezaron más temprano que tarde. Primero con una norma que suspendía el cobro de peajes que el Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegal. Y la más reciente es la reforma que obliga al Estado a invertir no menos que el 6% del PBI en Educación. Todos estamos de acuerdo en que este sector necesita más recursos, pero este no es el camino, porque en la práctica es inviable. Hay otras formas mejores de hacerlo, como la inversión por estudiante o la inversión educativa como porcentaje del presupuesto público nacional.
En el medio están la ley de ascensos automáticos en el sector salud que el TC ya se tumbó, los topes a la tasas de interés que están en agenda del pleno, y la norma sobre el retiro de aportes de la ONP, que probablemente también será declarada ilegal, porque este Congreso ignora los principios de la Constitución que debería defender. Esto sin contar la cantidad de normas y leyes declarativas que crean falsas expectativas en la gente. Y los platos rotos no los van a pagar los congresistas que ya están de salida.
Así entremos al 2021, que estará marcado por las elecciones de abril, con un menú de candidatos no entusiasma al elector; las dudas sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19, que sigue sin fechas ni plazos claros; y las protestas sociales, con un gobierno interino que no da señales de tener una brújula clara para llevar a cabo una transición ordenada y tranquila. En suma, nada garantiza que otra vez no se pueda cavar más hondo.