Este año que se está acabando, marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, la crisis económica y la inestabilidad política, ha sido muy malo para el Perú en casi todos los sentidos. Uno de los programas claves para el país, el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNIC), que a estas alturas presenta un avance de la inversión de solo de 12%, también se ha visto afectado en parte por esta situación.
El PNIC incluye 52 proyectos de inversión por S/100 mil millones, que generarían 1.7 millones de empleos. Se trata de instrumento para acelerar la ejecución de los proyectos mediante la colaboración de inversión privada y pública, con el objetivo de cerrar la brecha en infraestructura, que en el Perú es de S/363 mil millones en servicios públicos como transporte, saneamiento, salud, agua y telecomunicaciones, principalmente.
Se estima que con un plan de largo plazo, podríamos tener acceso básico a estos servicios en un plazo de 20 años. Para cubrir la tercera parte de esa brecha es que se lanzó justamente el PNIC, en septiembre del 2019.
Pero el problema es que de las 52 obras del PNIC, a la fecha solo se han adjudicado 24 proyectos y de estos apenas seis están dentro del plazo vigente para iniciar operaciones. O sea, estamos con un retraso de 88%.
Además de la pandemia, lo que afecta la marcha de los proyectos del PNIC es la mala gestión, que pasa por la demora en la entrega de terrenos, procesos y trámites engorrosos, aumento del costo total del proyecto mediante adendas, falta de control del avance de las obras.
Con el ritmo de ejecución actual (3.3% anual), el plan se concluiría en 30 años. ¿Qué hacer entonces? El actual gobierno de transición tiene muy poco tiempo para hacer cambios estructurales, pero por lo menos debería velar para que el cronograma de adjudicación de proyectos de Proinversión se cumpla.
Sin embargo, la agencia estatal enfrenta dificultades para ello. Por ejemplo, la adjudicación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica o la Masificación del Gas Natural estaban previstas para el segundo semestre de este 2020, pero se retrasaron hasta febrero y marzo del 2021
A esto se suma que el caos político y el proceso electoral de abril próximo en curso influirán en la inversión privada. Por ello será fundamental que el nuevo gobierno que se elija en 2021 le dé certidumbre a los inversionistas, además de plantear medidas concretas para destrabar los proyectos paralizados.
Entre los proyectos de mayor monto de inversión entrampados por la maraña burocrática del Estado figura Chavimochic III, detenida desde 2016. Esta obra podría generar un impacto de US$490 millones una vez reactivada. Y también Majes Siguas II, paralizada desde 2017, que tendrá un impacto de US$462 millones una vez se apruebe la adenda 13.