Según el propio Proyecto de Ley (PL) N°6395, este tiene por objeto “promover la competencia en la comercialización de medicamentos y establecer medidas de protección para los consumidores frente a prácticas comerciales que atente contra la libre competencia en los establecimientos farmacéuticos, en la cadena de distribución y en los laboratorios”.
Lo anterior es un párrafo del PL propuesto por el congresista Johan Flores Villegas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Suena muy bien, pero lamentablemente hay que entrar a leer todo el PL de 40 hojas para darse cuenta de las reales intenciones que esconde.
Miren nadie puede ir en contra de la libre competencia. ¿Qué significa realmente este término? Que gracias a la libre competencia se genera la “asignación eficiente de recursos dentro de un mercado”. Es decir, mientras más competidores entran a un mercado a sacarse los ojos porque reducen precios e incrementan la calidad de sus productos para ganarse la preferencia de los consumidores, estos últimos obtendrán mejor bienestar. Por ello, la competencia es lo que todo Estado debe incentivar, promover y agilizar.
El sistema de libre mercado es el que Perú utiliza desde inicios de los 90 (hace ya 30 años). Y una particularidad del sistema es que defiende al consumidor, no al productor. Antes de ello, tuvimos un sistema socialista, que a parte de traer miseria y atraso, su objetivo era proteger al productor local (por ello se ponían barreras a la competencia, aranceles, cuotas, etc.). Cuando las cosas iban mal en los sistemas socialistas, creían que era por las altas ganancias que los productores obtenían y se aplicaban controles de precios (empeorando la situación).
Dado esto, el proyecto en mención establece que para incrementar la libre competencia deben aumentar la información que brindan al consumidor. Es decir, deben informar de manera clara, precisa y oportuna si los productos que adquieren son distribuidos o elaborados por empresas vinculadas o relacionadas al establecimiento donde compra (la farmacia). Es decir, si la farmacia, el distribuidor y el fabricante tienen mismo dueño o grupo de dueños. A la vez, el PL señala que en los envases primario (entendemos la caja que contiene la medicina) y secundario (el frasco o compartimento de pastillas) se debe precisar esa información sobre la propiedad.
Pero creemos que esa información es irrelevante para el consumidor. Es llenarlo de información que no le dará ningún beneficio. Lo que interesa, en el mercado de medicinas, es que el paciente (el consumidor) en primer lugar encuentre su medicina y, luego, obtenerla a buen precio. El que se rotule en los envases (primario y secundario) si existe vínculo de propiedad entre establecimientos, genera un incremento en los costos de fabricación innecesarios, lo que perjudicará en el precio final de medicamentos.
Otro problema que encontramos en el PL es que le da atribuciones de vendedor hacia el cliente final (pacientes) a los laboratorios. Pero esa no es su chamba. La chamba real de los laboratorios es la de crear nuevos medicamentos y producirlos. La chamba de vender es la del profesional que estudió química – farmacéutica y está detrás del mostrador de la farmacia y al que le podemos aceptar ciertas recomendaciones de otros productos más baratos, accesible o cómodo; lo cual el PL también buscar restringir, al establecer que químicos – farmacéuticos no puedan decir nada distinto a la indicación de los médicos. Nada más barato, nada más accesible o cómodo.
Y para reírse un rato, la norma también indica que como el consumidor está en ignorancia permanente, se requiere intervención estatal. Dice tal cual: “El consumidor tiende a desconocer los aspectos técnicos de los productos farmacéuticos que consume, lo cual hace que estas transacciones comerciales sean muy asimétricas (…), esta brecha informativa (…) sustenta la necesidad de intervención estatal (…)”.
Ponen la sin razón para que exista intervención estatal cuando no debe. Por ejemplo, cuando ustedes van por una carretera les interesa saber la cantidad exacta de mezcla asfáltica y a la temperatura que requirió para colocarse en el piso. No, ¿verdad? Lo que les interesa es que la carretera no tenga baches, no esté congestionada y que tenga un buen sistema de seguridad vial.
Una sección de todo PL es donde se evalúa el costo – beneficio de los proyectos que hacen. Esto es muy importante, dado que una ley puede tener una intención muy bondadosa o altruista pero su costo de implementar es tan alto que los beneficios son nulos o generan pérdidas. El PL solo menciona los siguientes 3 puntos (los colocamos como imágenes) en su evaluación de costo – beneficio. Análisis simplón, donde el costo está subestimado y se basa en ideas mas no cálculos o evaluaciones bajo ciertos escenarios y los beneficios son hipotéticos; tampoco poseen data ni cálculos económicos o financieros que indiquen que serán mayores a los costos incurridos.
Estos temas que toca el proyecto son sensibles. Y no ha seguido su curso regular para volverse ley; es decir, pasó por la Comisión de Defensa del Consumidor, pero al tocar temas técnicos respecto a la salud (dado que son medicamentos), no pasó por la Comisión de Salud. Y debió tener ese filtro. A la vez, como hemos visto, el análisis de costo – beneficio de los congresistas es pobre e incompleto. Esperemos que el proyecto se estudie como se debe y se haga en beneficio de todos los peruanos que sufren alguna enfermedad. Son especialistas en estos temas de salud los que deben opinar y no políticos tratando de querer aumentar los votos para sus partidos políticos.