La estrategia del lagarto. El expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, estaría buscando dilatar y ensuciar el juicio político por el ‘Vacunagate’ que enfrenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, en el que quedaría inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. ¿El objetivo? Ganar tiempo y evitar que se apruebe esa sanción que le impediría asumir una curul en julio próximo de salir electo este 11 de abril.
Vizcarra, sobre quien pesan además graves cargos de corrupción, viene cuestionando la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y ha evitado presentarse a las citaciones de este grupo de trabajo, con la excusa de que se está vulnerando el “debido proceso”, porque que el congresista a cargo de realizar el informe sumario de su investigación, Jim Mamani, supuestamente adelantó opinión.
¿Tienen sustento legal estos cuestionamientos de Vizcarra? No, a decir de algunos especialistas, pero buscaría, por un lado, llevar al Poder Judicial su eventual inhabilitación política, y por el otro, retrasar el juicio político para que pueda posicionarse como congresista si es que logra ser electo.
La defensa legal de Vizcarra, que representa el abogado Fernando Ugaz, remitió un escrito a la subcomisión en el que acusa al congresista Mamani de adelantar opinión por pronunciarse sobre la calificación de la denuncia constitucional contra el hoy candidato de Somos Perú, que interpusieron dos congresistas de la bancada de Mamani, Nueva Constitución.
El problema con ese argumento es que Mamani no firmó la denuncia contra Vizcarra. Es decir, no es el denunciante y tampoco está pidiendo que califican una denuncia presentada por él. Ergo, no cabe alegar un “adelanto de opinión” en este caso, explicó en El Comercio el abogado constitucionalista Luciano López.
El experto recordó además que el Tribunal Constitucional (TC) estableció, en su fallo sobre el “caso Alejandro Toledo Manrique” (EXP. N. 04968-20 14-PHC/TC), que “el criterio del control de la imparcialidad de los miembros de comisiones parlamentarias no debe asemejarse con las reglas del control que hacen los jueces, sino que la figura a la que debía asemejarse era a la del criterio de los fiscales”.
En esa resolución, el TC además señaló que no es inconstitucional que los políticos deslicen o apoyen la hipótesis del caso al analizar los hechos en sus declaraciones públicas. Por ello, alegar que los políticos no pueden emitir opinión carece de sustento legal y desconoce la naturaleza política del Parlamento.
Así, lo que parece buscar Vizcarra es allanar el camino para luego recurrir al Poder Judicial o al TC en busca de revertir su eventual inhabilitación política. ¿Pero qué tan viable es? Es probable que a través de un recurso amparo logre que el Poder Judicial revise su caso, pero de ahí que le den la razón, es otro tema.
Hay un antecedente parecido al de Vizcarra: el del expresidente Alberto Fujimori, quien fue vacado por incapacidad moral y además inhabilitado en juicio político. Vizcarra fue vacado por incapacidad moral y es muy probable que lo inhabiliten. “Y en el caso de Fujimori, pese a que estuvo fugado, presentaron un amparo a favor de él y el TC se pronunció, en contra”, recordó el abogado López.
Ensuciar la investigación
Así, todo parece apuntar a que Vizcarra está usando mecanismos legales con la finalidad de entorpecer la investigación. Porque en paralelo ha evitado atender las citaciones del Parlamento para ejercer su derecho a la defensa. Lo que busca, en suma, es que no se le inhabilite.
Otra evidencia más en ese sentido es la denuncia que Vizcarra interpuso ante la Comisión de Ética parlamentaria contra el legislador Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y pidió 120 días de suspensión sin goce de haber para él. ¿El argumento esta vez? Afectar el debido proceso y su derecho a la defensa. Pero lo cierto es que Vizcarra es quien no quiere acudir a las citaciones de ese grupo.
“Lo tomamos como de quién está viniendo, de una persona que siempre ha tratado de impedir que la justicia haga su trabajo en este caso, que el Parlamento pueda hacer uso de las herramientas constitucionales y lo lleve en un proceso abreviado, sumarísimo”, dijo Pérez Ochoa.