Cuando en país está distraído e indignado por la crisis política y el caos provocado por el presidente Pedro Castillo con la designación de su nuevo gabinete ministerial –el peor de los tres anteriores–, ha vuelto a la agenda del gobierno la excarcelación del Antauro Humala, quien cumple 19 años de prisión desde el 2005 por el asesinato de cuatro policías durante la asonada de Andahuaylas que encabezó el 1 de enero de ese año. Su condena se cumple recién en el 2024.
La figura que se está cocinando en el Ministerio de Justicia (Minjus), a cargo de Aníbal Torres, es la de redención de pena para el cabecilla etnocacerista, según fuentes del sector que cita El Comercio, lo que coincide con el pedido, hecho en noviembre pasado, por la defensa del reo, que alega que si se suman las horas de trabajo y de estudios en prisión, se le debería reducir en dos años y seis meses la condena. Es decir, ya su condena estaría cumplida.
Y en lugar de aclarar o al menos tratar de negar la información que ha salido de su propio sector, el ministro Torres prefiere bromear con algo tan delicado. «Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared», dijo, en alusión a la liberación de Antauro Humala. Lo que no se puede por ley es indultarlo. La redención de pena es otra figura.
Otro dato que ha trascendido en las redacciones que detrás de este intento de liberar a Antauro Humala también está el excongresista Virgilio Acuña, un conocido aliado político del etnocacerista.
Pero hay un problema para que se concrete esta intención del gobierno: que el INPE valide en un informe los días que pide la defensa de Antauro Humala sin contar las inconductas y sanciones durante su reclusión.
Y ha trascendido que la jefa del INPE, Susana Silva, está en contra de emitir esa opinión favorable que necesita el gobierno para la excarcelación del cabecilla etnocacerista, al considerar que es irregular. Por ello, no se descarta que Silva sea removida de su cargo para poner a alguien que esté dispuesto a firmar ese informe, alertaron fuentes del sector Justicia.
“El INPE está demorando el trámite”, dijo Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, al explicar que la figura a la que buscan acogerse está contemplada en la Ley N° 28760, que establece una redención de pena de 7×1 por días de trabajo o educación (siete días de esta labor efectiva por un día de pena).
DATO: Ya en octubre pasado, el gobierno de Pedro Castillo -que en su campaña expresó su intención de indultar a Antauro Humala– acogió un reclamo del etnocacerista y lo trasladó del penal de máxima seguridad de Ancón I al de reos comunes Ancón II, por supuestos “motivos de seguridad del interno”.