El premier Aníbal Torres Vásquez ha sido denunciado esta semana ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), por un grupo de exprocuradores y profesores de Ética, para que sea investigado y eventualmente sancionado con el “máximo rigor”, debido a que sus acciones como funcionario implican “un grave desprestigio para la profesión”.
Los firmantes de la denuncia ante el CAL son José Ugaz, Ivan Meini, Luis Vargas Valdivia, Antonio Maldonado, Walter Albán, Joel Segura y Fernando del Mastro ¿Y qué alegan? En el documento remitido al Consejo de Ética señalan que el premier Torres ha actuado con “falta de honradez” mediante “actos ilegales y arbitrarios que anteponen intereses subalternos a los del Estado Democrático del Derecho”.
¿A qué se refieren concretamente los firmantes de la denuncia? A tres hechos graves que implican a Torres Vásquez, que antes de ser premier fue ministro de Justicia: las destituciones arbitrarias del procurador Daniel Soria y de Susana Silva como jefa del INPE, y el uso político de la publicidad estatal.
En todos estos casos, la actuación de Torres va contra el código de ética, que establece que un abogado “tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado de Derecho”.
La destitución de Soria, que Torres perpetró siendo ministro de Justicia, se dio luego de que el entonces abogado del Estado denunció al presidente Pedro Castillo, a mediados de diciembre, por el Caso Provías y pidió a la Fiscal de la Nación que inicie una investigación en su contra. Luego, a inicios de enero, Torres se reunió en su despacho con el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, quien pidió públicamente la destitución de Soria.
Torres hizo eco del pedido y firmó, junto con el presidente Pedro Castillo, una resolución el 1 de febrero en la que destituían a Soria por “pérdida de confianza”, pero se zurraron en la ley, que solo contempla la remoción el Procurador General del Estado por falta grave debidamente comprobada y luego de un debido proceso. Por elo los denunciantes señalan que esa “destitución fue un acto de represalia” evidente. “Se trata de una clara infracción a la Constitución (…) Ha faltado a la verdad el letrado denunciado”, agregan los abogados.
El otro hecho grave que le imputan al premier Torres es la destitución de Susana Silva como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ocurrida el 4 de febrero. En este caso, Torres mintió para justificar su decisión, cuando dijo que el motivo de esta remoción fue que Silva había “hecho volver a [Alberto] Fujimori a su cárcel dorada”. El traslado de este reo había ocurrido dos meses antes y él mismo Torres la había felicitado por su labor día antes.
“Ahora se sabe que la medida fue un acto de represalia del ministro porque la presidente del INPE se había resistido a las presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo para liberar indebidamente al condenado por asesinato Antauro Humala”, se lee en la demanda.
Por último, se incluye la denuncia pública de Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien dijo que Aníbal Torres le dio instrucciones y órdenes para que publicidad estatal no vaya a medios de comunicación que él consideraba críticos al gobierno.
“Esta decisión por demás arbitraria, además de ser contraria a la ética que debe caracterizar a un abogado, puede implicar la comisión de diversos delitos, como los de abuso de autoridad, malversación de fondos y colusión”, sostienen los demandantes.
Antes de meterse en política y terminar embarrado con un gobierno cuestionado, Aníbal Torres fue decano del CAL y de la facultad de derecho de la Universidad Mayor de San Marcos; como abogado, gozaba de prestigio en el ámbito del derecho y de la academia.
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
La más grave es que Torres sea expulsado del CAL. Esto no le impediría desempeñarse en un cargo de ministro, pero sí ejercer como abogado. “Aquí lo que se está cuestionando es estrictamente su conducta profesional”, explica uno de los promotores de la denuncia, el exprocurador José Ugaz.
“Todos los firmantes lamentamos que una persona que ha tenido una trayectoria reconocida en el ejercicio del derecho haya terminado siendo el aval o impulsador de medidas arbitrarias e ilegales”, agregó.
Walter Albán, exministro, exdefensor y profesor de Ética, explicó que el objetivo de la denuncia es sistematizar tres hechos graves atribuibles a Aníbal Torres. “Una conducta muy grave no podría merecer una sanción menor que la de una suspensión”, apuntó.