En agosto de 2020, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) eligió a Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras un concurso público en el que este funcionario -hoy cuestionado- prometió realizar una gestión abierta y transparente de cara a las elecciones generales del 2021.
Veamos entonces cuáles fueron los compromisos que Corvetto asumió durante la etapa de selección del concurso y si los ha cumplido. “La ONPE debe ser una institución de puertas abiertas”, dijo durante su presentación ante la JNJ antes de ser elegido. “Debemos ir más allá del código de Ética”, agregó.
Aquí algunas de las frases que resumen sus promesas de gestión:
- «La contratación de personal a través convocatorias públicas, que permitan que todos los ciudadanos conozcan la convocatoria, y obviamente mecanismos de transparencia».
- «Es fundamental cumplir de manera estricta los mecanismos que permitan que los ciudadanos… puedan tener la información de a quién se contrató, porqué se contrató, si cumplió o no cumplió los requisitos».
- «La transparencia implica hacer público y fomentar la veeduría ciudadana, para que los ciudadanos pudiesen advertir si existe alguna irregularidad, para poder corregirlas, hacer auditorías».
- «Auditorías no solo que se hagan, que se publiquen e impliquen la contratación de empresas de prestigio y que esa información esté a la mano de los partidos políticos».
- «Este es un tema fundamental, porque tenemos que darle la garantía al ciudadano… La tecnología no es cuestión de fe, el ciudadano y los partidos políticos deben tener todas las garantías de que el sistema va a funcionar».
Corvetto también dijo que uno de sus mayores logros como funcionario del Reniec, donde fue gerente de Registro Electoral (2013-2018) y luego jefe del gabinete de asesores (2019-2020), fue «posicionar el padrón electoral como un referente en America Latina».
«Es muy importante esto porque cuando llegamos a Reniec, el padrón se maneja de la siguiente manera: el registro único de identificación de personas naturales arrojaba a los mayores de 18 años y esos mayores de 18 años se entregaban al Jurado Nacional de Elecciones (JNE),que hacía la fiscalización y esa fiscalización implicaba no solo un trabajo de verificación, sino también un conjunto de visitas que permitiesen validar si la persona residía toque había declarado residir», sostuvo el funcionario.
«Este es un elemento muy importante, porque a los electores se les agrupa por circunscripción, y en circunscripciones pequeñas, si uno mueve hacia el lugar o fuera del lugar a las personas, está trabajando para hacer trashumancia electoral, está trabajando para atentar contra la voluntad ciudadana», agregó Corvetto.
¿Cumplió sus promesas?
La mayoría de las medidas que Corvetto Salinas prometió para ser elegido jefe de la ONPE parecen tener cierto grado de premonición, sobre todo porque, de haberse cumplido, se hubiera evitado lo ocurrido en la segunda vuelta, que estuvo marcada por denuncias de irregularidades en mesas y actas de votación, que si bien no alcanzan para hablar de un fraude como insiste Fuerza Popular, sí echan sombras sobre el proceso electoral que las autoridades competentes no han sido capaces de aclarar, lo que le restaría legitimidad al próximo gobierno, con los riesgos para la estabilidad del país que ello implica.
¿Gestión abierta y transparente? Esa fue uno de los mayores compromisos de Corvetto, pero uno de los principales cuestionamientos que se le hacen a la ONPE es justamente su negativa a entregar el padrón electoral, bajo el argumento de que contiene información sensible, para zanjar de una buena vez las denuncias de actas supuestamente adulteradas. Con ello de acabaría la discusión y las sospechas de fraude.
¿El padrón de votantes contiene información sensible? No, trae nombres completos, foto, firma, número de DNI y dirección de los electores (lo que ya se incluye en el DNI), y además son registros de carácter público, como lo señalan pronunciamientos de la Autoridad de Transparencia en el sentido de que le pertenecen al sistema electoral, y que el JNE puede usarlos para su análisis. Además, la información del padrón no se la van a entregar a un partido, en este caso a Fuerza Popular, sino a jueces de la República.
El JNE, haciendo eco de la actitud de la ONPE, tampoco quiso ir más allá al debatir los pedidos de nulidad de actas supuestamente adulteradas: alegó que no puede abrir una etapa probatoria, pese a que contrastar las actas con los archivos del sistema no es una actividad probatoria, sino solo una corroboración elemental para cumplir su responsabilidad de garante de la verdad electoral.